El Tribunal Constitucional tiene una gravísima obligación en materia de aborto que es dictar sentencia sobre el recurso interpuesto hace ya 5 años contra la ley vigente. Pero el partido de Gobierno tiene también su propia responsabilidad que no puede quedar tapada por la del Constitucional, que es cumplir su programa electoral procediendo a derogar la ley del 2010.
No le corresponde al TC decir qué leyes están en vigor; su misión es decir cuáles no pueden estar en vigor por ser anticonstitucionales. El Tribunal Constitucional no legisla; el que legisla es el Parlamento.
Al comienzo de esta legislatura, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia respecto al llamado ‘matrimonio homosexual’ en la que dijo que la ley de ZP del 2005 era constitucional, pero indicó que igual de constitucional era la legislación anterior que reservaba el matrimonio como institución específica para la unión entre un hombre y una mujer. Es decir, el TC dejó en manos del legislador optar por un modelo u otro de matrimonio y el gobierno del PP, al amparo de esta sentencia, decidió dejar en vigor la ley de 2005 que hasta ese momento había combatido.
Esperemos que no se produzca un engaño similar si el Constitucional dicta sentencia sobre el aborto. Diga lo que diga el TC sobre la constitucionalidad de la ley de 2010, es al Parlamento –y en concreto hoy a quien tiene mayoría absoluta en él- a quien corresponde decidir cuál debe ser la legislación que regule el aborto, y sería un engaño y una cobardía política ocultar la inactividad del legislador bajo las faldas togadas del TC.