El objetivo de las leyes es garantizar el Bien Común mediante el reconocimiento y la defensa de los derechos fundamentales.
Después de las pasadas elecciones, tanto autonómicas como generales, parece como si se hubiera creado una necesidad imperiosa de legislar sobre asuntos esenciales de la vida y relaciones humanas, bajo la presión de varios lobbies ideológicos, principalmente los autodenominados de género, obviando lo que las familias demandan.
Después de la desgraciada ley del aborto, se están promoviendo una serie de leyes ideológicas a la medida de una minoría impuestas a la mayoría, como la Ley LGTBI y el intento de legislar la maternidad subrogada.
Las familias españolas sentimos que nuestros partidos políticos, con el único objetivo de obtener más votos que los demás – ¡Qué lejos ha quedado el espíritu de servicio a España y a sus ciudadanos!-, legislan para unas minorías sin analizar éticamente las repercusiones que la promulgación de una Ley injusta podría acarrear en la vida de la sociedad.
Así, el Comité Nacional de Ética francés indicó en 2010, que la gestación por cuenta ajena comportaba riesgos éticos muy graves que ninguna norma jurídica podía evitar.
En la tramitación de cualquier ley vital debería ser obligatorio el informe de un comité de ética independiente y que todos los parlamentarios deberían conocer para que su conciencia sea la que fundamente su voto y no el de la disciplina de partido.
No es aceptable que leyes que afectan a la dignidad y los derechos esenciales de las personas se voten bajo el objetivo partidista de obtención de votos y no bajo la búsqueda del bien común con una visión ética de la sociedad.