Estamos viviendo unas semanas importantes en lo que al desarrollo de la proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual se refiere. Frente a la ley de máximos que proponía Unidos Podemos, el PP ha presentado una enmienda a la totalidad, intentando contentar a todos mediante una proposición de mínimos –posponiendo todos los detalles a un posterior desarrollo reglamentario-. Sin embargo, el PP no se da cuenta de que el problema no es el contenido de la norma: El problema es la Ley en sí misma.
El profundo carácter ideológico que inspira estas proposiciones, ya sea en su versión detallada o en su versión light, se pone de manifiesto en el intento de justificar la necesidad de legislar sobre una realidad que ya está recogida en los ordenamientos jurídicos nacional e internacionales: la defensa de la Igualdad y la protección de la no discriminación por razón de sexo. El nuevo “eje de discriminación” que se pretende incluir -el de orientación sexual-, lejos de garantizar una mayor igualdad efectiva, creará mayor confusión jurídica, al no tratarse de una característica objetiva, sino una realidad cambiante dependiendo del momento en la vida de las personas. Sería irónico, de no ser tan grave, que las personas a las que pretende proteger esta ley puedan ser víctimas de ella si en el futuro su orientación cambiara de nuevo.
Los radicalismos, en todas sus vertientes, intentan disfrazar el contenido de su mensaje bajo palabras como ‘democracia’, ‘igualdad’ o ‘libertad’, de forma que sea fácil tachar rápidamente a los que disienten bajo etiquetas como, en este caso, ‘homófobo’, zanjando así cualquier posible opinión contraria al mensaje. Homofobia significa odiar o discriminar a una persona basándose en su tendencia sexual. Todos debemos velar por la igualdad real de las personas, del mismo modo que tenemos la obligación moral de no discriminar a nadie por motivos personales, entre los que se encuentra, por supuesto, el de sus preferencias sexuales. Pero esto no implica aceptar a ciegas la conveniencia de una ley que otorga privilegios a una minoría muy vociferante que pretende universalizar una forma particular e ideológica de entender la sexualidad. Por tanto, conviene diferenciar nítidamente el concepto de homofobia del de, por ejemplo, libertad de opinión.
Precisamente del carácter ruidoso de esa minoría es de donde surge la presión y la urgencia por brindar de una especial protección a este colectivo frente a otros que son víctimas de delitos de odio en mayor proporción (racismo, ideología y discapacidad preceden a la orientación sexual, según los datos del Ministerio de Interior). Condenamos todos los ataques de odio que puedan sufrir las personas, y lucharemos para que esta lacra se erradique de nuestra sociedad, pero no a costa de leyes innecesarias que otorgan privilegios, crean inseguridad jurídica y pretenden imponer una visión concreta de un asunto tan íntimo y opinable como es el de la sexualidad.
