El Foro de la Familia de Baleares (FFB) pide la dimisión del Conseller de Educación, el Sr. Martín March, por vulnerar los derechos constitucionales de los padres al negarse a que éstos den su consentimiento previo y explícito para que el programa “Amb tots els sentits” se aplique a sus hijos. Para Agustín Buades, delegado de esta institución en las islas, “un señor que desprecia a los padres en su intervención parlamentaria no puede permanecer un segundo más en su cargo”.
Así se desprende de la constatación pública en el Pleno del Parlament a una pregunta del PP en este sentido. En ningún momento de su contestación ha defendido el derecho constitucional de los padres, incluso al final de su intervención los ha despreciado.
En el programa se indica textualmente: «L’estàndard de dona o d’home no existeix, és un invent “, suplantando el derecho de los padres imponiendo la ideología de género sin consentimiento expreso por parte de los que tienen la tutela de los niños.
En otro apartado se indica: “Les pràctiques sexuals són comportaments eròtics que fan una, dues o més persones del mateix sexe o diferent.. La finalitat és satisfer el desig sexual”, normalizando e incitando al sexo en grupo a menores de edad .
Los padres tienen el derecho a exigir que la exposición de la materia no contradiga la formación moral que desean para sus hijos, como así lo ha reiterado en numerosas sentencias del Tribunal Supremo.
Los art. de la CE números 16.1 (libertad ideológica, religiosa y de culto) y 27.3 (derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones) y el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos equipara a esos efectos las convicciones filosóficas con las religiosas: “Ni la Administración educativa, ni los centros docentes ni los profesores pueden imponer o inculcar puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”
Este programa incluye “la educación afectivo-emocional” junto con “orientación afectivo-sexual”, pretendiendo expresamente conformar en los alumnos una conciencia moral concreta imponiéndoles como normas morales una serie de valores concretos, que son los elegidos por la administración autonómica, cuando esto compete exclusivamente a los padres.
La Administración educativa -ni los centros docentes, ni los profesores- pueden imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas. Este taller debe impartirse sin vulnerar la “neutralidad ideológica” a que está obligado el Estado en materia educativa.
Los padres tienen que examinar no solo los manuales que adopten los colegios, sino las explicaciones de los profesores en clase. Si encuentran algo de adoctrinamiento contrario a sus convicciones, habrán de elevar una queja a la autoridad educativa.
Para hacer efectivo el derecho que les reconoce el artículo 27.3 de la Constitución, lo adecuado habría sido reconocer a los padres, en consonancia con ese precepto constitucional, el derecho a la elección y, en consecuencia, a la dispensa y la autorización expresa.
Además de la dimisión del Conseller, FFB exige la retirada inmediata de dicho programa, si no se pone a disposición de los padres el contenido y material que se impartirá y la autorización expresa para que sus hijos asistan a dicho programa, de los contrario desde esta asociación se llevarán a cabo todas las actuaciones judiciales necesarias para restablecer los derechos de los padres.
