Del Burgo aprovechó el discurso del líder popular en favor de una oposición «dura» contra el Gobierno socialista para poner a su disposición los dos escaños de UPN, de la misma manera que, en septiembre de 2000, esta formación contó con las 50 firmas necesarias en favor de un recurso similar contra la Ley Foral de Parejas Estables, que fue la primera en toda España en legalizar, en junio de 2000, la adopción de niños por parte de HOMOSEXUALES.
Aquel recurso, aún pediente de sentencia por parte del Tribunal Constitucional, impugnaba precisamente dicha vía de adopción, pero, ante todo, denunciaba la vulneración, por parte de la Comunidad Foral, de competencias exclusivas del Estado, como la de regular las formas de matrimonio.
El presidente del PP no se pronunció el jueves sobre el ofrecimiento de sus socios, pero las fuentes consultadas en la dirección del partido dan por innecesario el apoyo de los diputados navarros y por prácticamente segura la presentación de un recurso de inconstitucionalidad del PP, con la propia firma de su presidente, Mariano Rajoy.
Según las mismas fuentes, el partido tomará la decisión formalmente a la vuelta del verano, pero apurará los plazos hasta finales de septiembre o principios de octubre para perfilar lo mejor posible el recurso.
Sea como fuere, los juristas ya han comenzado a trabajar en ello, bajo la dirección del secretario ejecutivo de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa. No en vano, fue éste el primero de los diputados del PP en alertar sobre la inconstitucionalidad de la norma, cuando ésta sólo era una proposición de ley; una de las primeras presentadas por el Grupo socialista, al poco de llegar al poder, el 29 de junio de 2004.
«Conocen perfectamente, como yo», decía en aquella fecha Astarloa desde su escaño, «que el artículo 32 del texto constitucional es inequívoco sobre el matrimonio, y no se ha limitado -lo que en sí sería ya constitucionalmente relevante- a ordenar su protección y la de la familia».
Jurisprudencia
«Como el texto es inequívoco», insistía el dirigente popular, «también lo es su interpretación, por todas las referencias de nuestros tribunales: yo recordaría un auto del Tribunal Constitucional -podría hablar de muchos más- del 22 de febrero de 1994, que se refirió literalmente al carácter constitucional del principio heterosexual como calificador del vínculo matrimonial, y lo hacía resolviendo sobre el fallo de un tribunal de Madrid, que previamente había dejado tajantemente claro, y por eso era recurrido, que el matrimonio es una institución limitada al hombre y la mujer».
Astarloa citaba también en aquella primera intervención parlamentaria al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «e incluso al Tribunal de la Unión Europea», para oponerse a la proposición socialista.
Un año después, el secretario ejecutivo del PP ha sumado a la jurisprudencia recabada por entonces los informes contrarios a la ley del matrimonio gay por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
