Parece como si nuestros legisladores hubieran perdido el juicio, y la demostración está en la «Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres» de Cataluña que el martes, 8 de septiembre, publicó el Boletín Oficial del Estado.
Con esa ley quieren enseñarnos cómo debemos divertirnos, estudiar, trabajar, qué tiempo tenemos que dedicar a limpiar, hacer las camas, cocinar en nuestras casas, etc. Van a informar a la sociedad catalana, periódicamente, del valor económico del trabajo doméstico, del cuidado de los niños, los mayores y las personas dependientes, para que seamos conscientes de la importancia de esa labor. Sin embargo, no está planteado remunerar a las amas de casa – que ni siquiera las cita- por el trabajo tan valioso que hacen. Incluso interviene en la forma de practicar el deporte; no está claro si deberá ser preceptivo que Shakira juegue en el Barça de lateral derecho mientras Piqué ocupe la posición de líbero.
Pero bromas a parte, lo que subyace debajo de esta ley es que lo privado se haga público, es decir, asume de lleno unos de los postulados del feminismo radical, más conocido como la ideología de género. Ya no existe el mérito ni la capacidad; la dedicación, la dignidad de las personas, su esfuerzo o interés por las cosas bien hechas pasan a segundo plano. Lo principal será la “cuota” tanto en la vida pública como privada.
Sin embargo, como algunos defendemos, no existe institución más equilibrada que el matrimonio entre hombre y mujer –con una “cuota del 50%”-, más respetuosa con la “ecología”, tan de moda en estos tiempos, y con un valor para la sociedad muy superior a todos los experimentos sociológicos y de convivencia que, asombrados, estamos sufriendo.
Sin tan importante es la igualdad en las relaciones, ¿por qué no se defiende la institución humana más equilibrada de la Historia? ¿No será que en el fondo de estas leyes lo que subyace es precisamente lo contrario, su destrucción?
Están perdiendo el norte. Ya no pertenecemos a un sexo, sino a un género. Pero es que además, pretenden que no sean los padres los que eduquen a sus hijos en materia afectivo-sexual, sino que sean los profesionales de la enseñanza.
No se enteran de que los que educan a los niños son sus padres.
Y, aunque parezca imposible, hay algo peor todavía: nos coartan nuestra libertad de conciencia y de opinión. Un ataque a la libertad de opinión ya establecido por la legislación actual en tres comunidades autónomas: Galicia, Extremadura y Cataluña.
Las familias españolas no lo van a permitir.
