Los matrimonios homosexuales siguen siendo fuente de controversia constitucional entre magistrados. La juez del Registro Civil de Burgos, María Luisa Miranda, presentó ayer la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Código Civil planteada por el Gobierno. Se ampara en el artículo 32 de la Constitución española. Un artículo que, según Miranda, indica que la «heterosexualidad es el elemento identificador de la institución del matrimonio».
Maria Luisa Miranda ha sido la última juez en sumarse al planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley. Anteriormente, los encargados del registro civil de Telde (Gran Canaria) y Denia (Alicante) ya habían presentado sendas cuestiones, y habían paralizado bodas de este tipo.
El citado artículo 32 de la Carta Magna en el que se amparan dice literalmente que «el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica». Es este párrafo el que aporta la heterosexualidad al derecho recogido en el texto constitucional, según los magistrados. Pero la juez de Burgos añade además en la providencia dictada que el matrimonio entre homosexuales «tampoco encuentra apoyo en resoluciones del Parlamento Europeo ni en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos».
Esta cuestión de institucionalidad se une a la presentada el pasado 29 de julio por otra juez de Denia encargada también del registro civil, que paralizó con la medida el matrimonio entre dos hombres. En esa ocasión el ayuntamiento de la localidad se opuso a la medida de la jueza pidiendo al CGPJ que impidiera su acción.
Más recientemente, un juez de Gran Canaria presentó otro recurso de inconstitucionalidad sobre tres bodas entre homosexuales, que motivaron la paralización de las mismas.
