(emitido a las 10.09 Hs.)
“Si este proyecto aprobado permitiese a una sola madre joven en situación de desprotección familiar y social continuar con su embarazo, tener su hijo y criarlo en condiciones, ya estaría cumplido su objetivo.”
Con esas palabras, el diputado Jaime Trobo presentó la semana pasada en el Parlamento, ante representantes de todos los partidos, un proyecto de ley que promueve la protección social a la maternidad, y que enfatiza el “derecho a la vida desde la concepción”.
¿Qué tipo de asistencia está previsto se brinde a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad? ¿De qué diagnóstico se parte? ¿En qué medida es una respuesta a las iniciativas destinadas a despenalizar el aborto?
Vamos a profundizar en estas preguntas y a charlar sobre esta iniciativa con quienes han trabajado en su redacción: el diputado Jaime Trobo (Partido Nacional, Unidad Nacional) y el doctor Fernando Motta, presidente del Foro de la Familia.
Doctor Motta, ¿qué es el Foro de la Familia?
FERNANDO MOTTA:
El Foro de la Familia es una institución creada aquí en Uruguay hace unos dos años. Es una institución apolítica, arreligiosa, que tiende a fortalecer la familia y los vínculos familiares, en el entendido de que la familia es la base de nuestra sociedad.
EC – ¿Por qué se presenta este proyecto en este momento?
FM – No es en este momento, es por qué se presenta. Hace dos años nos juntamos con el diputado Jaime Trobo, con quien nos conocemos desde la época de los maristas, y surgió la idea de por qué, si el Estado ayudaba a gente con problemas sociales, incluso sin trabajo, no ayudaba a la mujer que queda embarazada, para quien esto muchas veces es un gran problema y no sabe qué hacer, no sabe qué le va a pasar, tiene todo el mundo en contra, a veces incluso su medio familiar.
Entonces ayudar a esa madre, darle un respaldo, mostrarle el camino, qué va a pasar, y si no tiene en quién recostarse, que se recueste en nosotros.
EC – ¿Qué diagnóstico tienen de la situación en esta materia, diputado Trobo?
JAIME TROBO:
Es difícil tener un diagnóstico, salvo la información que pueda brindar el sistema de salud con relación a la cantidad de personas que consultan en etapas del embarazo. Hemos recibido infinidad de denuncias de situaciones de embarazo en las cuales la reacción de quien da los consejos en el sistema de salud muchas veces va por la vía de estimular o recomendar una interrupción. Sobre todo porque nos estamos refiriendo a personas con una situación de vulnerabilidad muy grande.
EC – ¿Cómo definen “vulnerabilidad”?
JT – Yo diría madres jóvenes o mujeres gestantes jóvenes pobres –entre quienes se verifica la mayor cantidad de nacimientos en nuestro país hoy día–, sin una contención adecuada de la familia tradicional o clásica, con dificultades de apoyo desde el punto de vista emocional y médico, y también con carencias desde el punto de vista educativo. Estamos hablando de una situación muy delicada.
A su primera pregunta sobre el contexto o la ocasión de la presentación del proyecto, me interesa darle una respuesta razonada. Este proyecto se presenta como consecuencia de un proceso de análisis político que se ha hecho en reuniones bilaterales durante bastante tiempo con dirigentes y parlamentarios de todos los partidos políticos. Este proyecto fue presentado en la legislatura pasada con otras características, que se modificaron a partir de haber profundizado en los programas de apoyo y protección a la maternidad que hay en otros lugares del mundo. Nos encontramos con la fenomenal expresión que este tema tiene en España, sobre todo en algunas autonomías en las cuales ha sido aprobado recientemente un programa de estas características, como es el caso de Galicia, o autonomías donde existe ya desde hace varios años con una gran eficacia, como es el caso de Valencia. En cualquiera de los dos casos encontramos algunas definiciones mucho más precisas, mucho más claras y programáticas, para cuya aplicación es necesario articular entre entidades públicas y privadas que tienen ese propósito.
EC – Acá mientras tanto, ¿cuál es la realidad?
JT – La realidad es que desde el punto de vista presupuestal, si uno mira las ayudas sociales según la caja de que dispone el Estado, no hay ayudas estructuradas y coordinadas para la mujer embarazada que quiere seguir su embarazo y tener su hijo.
EC – ¿No hay ningún tipo de programa a esos efectos?
JT – No, no hay un programa. Hay cuestiones que pueden ocurrir como solución puntual según la competencia de una organización o de un organismo público en determinado lugar. Pero no hay un complejo como el que nosotros planteamos, un programa nacional que articule el sector público y el sector privado. El sector privado tiene una respuesta mucho más eficaz, existen organizaciones no gubernamentales que se dedican a identificar mujeres en gestación y darles los apoyos que este proyecto señala: apoyos de carácter social, económico, familiar, contención, apoyo médico, apoyo psicológico. Es decir, una serie de respaldos que una mujer necesita cuando afronta la circunstancia de tener un hijo en su vientre.
EC – Sin embargo, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que se votó en el período de gobierno anterior, dice en su artículo 3, cuando establece objetivos específicos:
“Son objetivos específicos de las políticas y programas de salud sexual y reproductiva, e) promover la maternidad y paternidad responsable y la accesibilidad a su planificación”.
FM – Ese concepto, que es un poco genérico y vago, cuando habla de la maternidad y la paternidad responsables incluye el concepto de que el individuo puede interrumpir un embarazo en la circunstancia de no ser responsable.