Que el estado financie el negocio del aborto es gravemente irresponsable e injusto. Que lo siga haciendo en plena crisis es ya insultante para la inteligencia.
En 2010, cuando la crisis económica ya era patente y comenzaban los grandes recortes, la nueva “ley del aborto” estableció la financiación pública de todo aborto y de los anticonceptvos de última generación. Poco después, el mismo Gobierno que impulsó la ley del aborto y el mismo Parlamento que la aprobó, acordaron congelar las pensiones y bajar el sueldo a los funcionarios iniciando así un periodo de recortes en el gasto público que continúa hoy. Si nunca debieran financiarse abortos con dinero público, en un momento en el que no hay recursos económicos ni para atender la sanidad y la educación, la financiación estatal de las empresas del aborto resulta especialmente injusta y ofensiva, en particular, para las mujeres que ven que si deciden abortar se les paga todo, pero si deciden ser madres nadie acude en su ayuda desde las Administraciones.
No es comprensible que se recorten las pensiones y otros gastos sociales de primera necesidad y a la vez se mantenga la subvención pública a las empresas del negocio del aborto. La connivencia gubernamental con los empresarios del aborto ¿está por encima de la crisis económica y es más fuerte que su compromiso con los pensionistas. No parece muy razonable esta escala de prioridades, pues el aborto acaba con una vida humana, es un drama inmenso para la mujer que aborta y hace a nuestra sociedad más inhumana: no debería ser financiado con dinero público nunca.
En un momento en que se recortan los gastos públicos y se circunscriben a lo esencial, mantener la financiación pública al aborto y las empresas que negocian con él es doblemente escandaloso e injustificable. ¿Por qué no se emplean los recursos disponibles en apoyar a la mujer embarazada para que ejerza su derecho a ser madre, como ya proponen las leyes redmadre aprobadas en siete Comunidades Autónomas a partir de iniciativas legislativas populares promovidas por el Foro de la Familia, leyes que apoyan políticas de ayuda a la mujer embarazada en situación de desamparo social.
Es hora de que se suprima la financiación pública de las empresas del negocio del aborto. Esta es una decisión de justicia en sí misma y, además, es especialmente oportuna en el actual contexto de reducción del gasto público. El próximo cambio político es buen momento para ello.
Benigno Blanco
Septiembre, 2011 Suplemento Familia de ABC.
