A un ritmo cada vez más acelerado, las rupturas familiares, los matrimonios destruidos, van siendo cada día más y más frecuentes. Quienes tenemos hijos pequeños sabemos que, entre sus amigos del cole, hay con seguridad, varios cuyos padres están separados. En ocasiones, incluso, alguno de los ex cónyuges conviven con una nueva pareja.
Las complicaciones de organización social se multiplican, a todos los niveles. Los responsables del colegio deben estar enterados de quienes son las personas que se podrán hacer cargo del niño a la salida; los permisos necesarios para determinadas actividades deben ser firmados por ambos progenitores (el colegio se cura en salud), debe establecerse a quién se convoca, y quien asiste, a las reuniones con el profesorado… por lo que la relación colegio-familia es cada vez más compleja y sujeta a errores, sobre todo en los casos de custodia compartida -cada vez más extendida- o de viviendas-nido, fuente constante de conflictos esta última, como está siendo considerado por la jurisprudencia.
Las ineficiencias y complejidades que las rupturas familiares introducen en el mundo laboral y en la actividad económica son generalizadas y cada vez mayores. Las complejidades contables y fiscales que para las empresas suponen órdenes de embargo judiciales para la pensión compensatoria o la alimenticia, y la controversia sobre si el salario mínimo está protegido frente a esta última…
Titularidades registrales controvertidas, intimidades en boca de demasiados terceros, situaciones dolorosas repetidas con demasiada frecuencia a todos los niveles, desde la comunidad de vecinos hasta el comercio de ultramarinos de la esquina, la organización de una boda y la determinación de ocupantes de cada mesa son operaciones frecuentemente muy complejas, cuando entre nuestros amigos o familiares encontramos matrimonios rotos. Por no hablar -sería tema demasiado largo para estas breves líneas- de la determinante influencia de la inestabilidad matrimonial en los bajísimos índices de natalidad que padece particularmente España.
No hablamos ahora del lacerante sufrimiento interior de quienes han padecido ese desgarramiento, adultos o niños, sino sólo de las complejidades de todo orden que introducen en la vida social.
Son tantas, y tan costosas, en ocasiones, y difíciles de solucionar, que es sorprendente que, desde el poder o desde la política, nadie, absolutamente nadie, hoy en día, hable de la conveniencia de que la relación matrimonial permanezca estable en lo posible, o hable, sencillamente, de recuperar el matrimonio. Porque podemos afirmar que el matrimonio de verdad hoy, en España, es alegal; no ilegal pues no se prohibe, pero sí alegal pues la ley no lo regula ni lo contempla. El proceso de pérdida de identidad legal del matrimonio culminó con las leyes de 2005 que redefinieron, de raíz, el matrimonio al excluir de su concepto legal tanto la estabilidad como la heterosexualidad, de modo que hoy el matrimonio en las leyes españolas es un contrato entre cualesquiera dos adultos por un plazo legal mínimo de tres meses de duración y no se sabe muy bien para qué.
Es urgente recuperar el matrimonio.
