La asociación de padres ha ampliado el plazo para seguir recopilando apoyos en contra de la previsible acometida aconfesional que prepara el Gobierno. Hasta el 20 de enero seguirán recogiendo rúbricas los padres católicos. El objetivo: superar los tres millones de firmas.
El volumen de adhesiones a favor de la Religión católica en las aulas fue calificado ayer por la organización como «un hito sin precedentes de participación ciudadana espontánea en nuestro país desde la democracia», una posible antesala de una manifestación contra Educación.
«Pedimos que siga habiendo libertad de enseñanza para que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos en temas morales y religiosos», señalaba ayer Luis Carbonel, presidente de Concapa. «Si no nos hacen caso, habrá que movilizarse».
A los obispos los vimos ayer pasarse por la sede ministerial, en son de paz, con un documento bajo el brazo en el que bendicen el diseño que hizo el Gobierno del PP sobre el tema: una asignatura fuerte, con una alternativa similar, evaluable y ponderable, que cuente para pasar de curso.
En la cita Obispado-Educación estuvieron tanto la ministra María Jesús San Segundo como monseñor Antonio Cañizares, presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal. Alejandro Tiana, secretario general de Educación, destacó el «ambiente positivo» del encuentro. El portavoz de la Iglesia en el cónclave declinó opinar y guardó un sonoro silencio. La próxima reunión, después de las Navidades.
Las posturas están encontradas y será difícil comulgar sobre el tema. La idea del Ministerio consiste en que la enseñanza confesional sea de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, y que no compute a efectos académicos para el acceso a la universidad ni para la concesión de becas. Viendo las intenciones del Gobierno, los obispos y los padres católicos se persignan.
Cañizares entregó a María Jesús San Segundo un duro informe sobre las propuestas educativas del Ejecutivo, que resaltó la «voluntad de diálogo» del Episcopado
El arzobispo de Toledo y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, Antonio Cañizares, recordó ayer a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, que la propuesta socialista para sacar la Religión del currículo escolar -lo que en la práctica supondría la eliminación de esta asignatura, que dejaría de ser evaluable, no tendría alternativa y podría quedar fuera del horario escolar- vulnera los Acuerdos Iglesia-Estado.
En el transcurso de una reunión en la sede ministerial «a petición de los obispos» -como recalcó el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, presente en el encuentro, al que también asistieron el subsecretario de Educación, Fernando Gurrea; Fidel Herráez, obispo auxiliar de Madrid; y Modesto Romero, secretario de Enseñanza de la Iglesia-, Cañizares hizo entrega a la titular de Educación de un extenso informe, elaborado en las últimas semanas, en el que se critican con dureza las propuestas incluidas en el documento de debate «Una educación de calidad para todos y entre todos», en especial en lo referente a «la enseñanza de las religiones».
Más de 2,5 millones de firmas
Según pudo saber ABC, en el documento entregado a la ministra los obispos recalcan que, en virtud de los Acuerdos de 1979, la clase de Religión debe ser impartida «en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales», lo que no sucedería si, como se apunta en la propuesta del Gobierno, se restringe su evaluabilidad o se elimina su alternativa.
Dichos Acuerdos subrayan que el hecho de recibir o no la formación religiosa no debe suponer «discriminación alguna en la actividad escolar» de los alumnos, problema que se daría, en opinión del Episcopado, si desaparece la alternativa a la Religión o los alumnos deben recibir esta asignatura fuera del horario escolar.
Del mismo modo, la Iglesia planteó al Gobierno la «demanda social» a favor de la clase de Religión, lo cual se demuestra en el alto porcentaje de alumnos -en torno al 80 por ciento- que cada año optan por esta asignatura, así como por las más de dos millones y medio de firmas recogidas hasta la fecha por Concapa para que la Religión siga siendo evaluable a todos los efectos.
El volumen de firmas ha sido tal que esta asociación decidió ayer ampliar el margen de recogida hasta el próximo 20 de enero. Uno de los últimos en plasmar su adhesión a la propuesta fue el propio arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco.
Tras la reunión, que se prolongó durante una hora, Alejandro Tiana resaltó la «voluntad de iniciar un proceso de diálogo» con la Iglesia sobre la clase de Religión. El secretario general de Educación apuntó que «vamos a intentar encontrar puntos de acuerdo en relación con el borrador de la ley».
Por otro lado, Tiana también valoró la propuesta del Consejo Escolar del Estado para sacar la Religión fuera del currículo educativo -que motivó la protesta de la Conferencia Episcopal-, señalando que «el Ministerio lo tendrá que tener en cuenta, como lo que es el programa electoral del Partido Socialista».
Del mismo modo, aseguró que el Ministerio estudiará el documento de los obispos «con detalle» y anunció que en enero dará comienzo una serie de reuniones con responsables episcopales para «discutir los puntos concretos que en él se planteen».
El responsable ministerial calificó el ambiente de la entrevista de «positivo y constructivo», lo que no fue ratificado por los responsables episcopales, quienes manifestaron que «no vamos a hacer ninguna valoración sobre el contenido del encuentro», puesto que desde la Iglesia «no se ha hecho pública» la existencia de dicha reunión.
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