López Aguilar, en una entrevista en ‘La razón’, indicó que los plazos para que esta posibilidad sea un hecho no depende del Gobierno sino del trámite parlamentario, pero matizó que desde el punto de vista técnico, la modificación del Código Civil es «sencilla».
Respecto a la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales, el titular de Justicia aseguró que en el Código Civil, la adopción no aparece vinculada al matrimonio y que así seguirá siendo. «Lo que no se puede negar, porque sucede desde hace tiempo, es que los homosexuales en nuestro país adoptan, al igual que puede adoptar cualquier otra persona soltera. Tienen el mismo derecho que los demás a adoptar sin que nadie les pregunte por su orientación sexual y se les discrimine en función de su convivencia», aseveró.
El ministro de Justicia estimó que la sociedad española está preparada para que los homosexuales se casen y cree que esta medida no tendrá costes económicos ni presupuestarios «inasumibles». «Muchas de estas parejas ya reclaman ante los tribunales con éxito prestaciones análogas a las de los heterosexuales», indicó.
Además, aseguró que la creación del registro de parejas de hecho es un compromiso que el Gobierno cumplirá. «Son otra modalidad de convivencia que deben tener su proyección en el registro», agregó. También reiteró que el Gobierno ha expresado a la Iglesia y al Papa, su respeto por los fieles, pero también el compromiso del Ejecutivo con una sociedad plural, «donde existen diferentes actitudes que merecen una consideración igualitaria».
Por otra parte, López Aguilar recordó que el Reglamento que desarrolla la Ley del Menor se aprobará antes del verano y que una vez reformado el Estatuto del Ministerio Fiscal «cobrará sentido» el compromiso de que el Fiscal General del Estado comparezca en el Parlamento con carácter previo a su nombramiento.
Insistió en que el Ejecutivo quiere un fiscal general sobre el que no gravite «ninguna sospecha» de ser «correa de transmisión del Gobierno en la persecución de sus adversarios políticos ni en la búsqueda de impunidad para sus amigos».
«Queremos reforzar la credibilidad y autonomía del Ministerio Fiscal. Un primer paso es colocar al frente de la Fiscalía del Estado a una personalidad con autoridad y acreditada independencia», aseguró. También recuerda que la limitación a cinco años del mandato del Fiscal General del Estado es una propuesta que se planteará en la reforma del Estatuto y que es una limitación que garantiza su autonomía.
Por otra parte, reconoció que un poder judicial propio para Cataluña y el País Vasco es «incompatible» con la Constitución e «innegociable» para el Gobierno. No obstante, reconoce que es «positivo» que los Tribunales Superiores de Justicia adquieran la capacidad de culminar las instancias, lo que contribuirá a descongestionar el Supremo y agilizar la justicia.
