Losana dijo que este pacto debe garantizar que no se produzcan discriminaciones por el hecho de que unas familias residan en un territorio u otro.
Al mismo tiempo, dijo que ese mínimo generoso debe de estar en consonancia con las ayudas que se destinan a la familia en otros países de la Unión Europea, a su juicio más avanzados que España.
«La familia es una cuestión de Estado, como lo es la justicia y el terrorismo» y debería de estar «por encima de cuestiones políticas y territoriales y precisa de una unidad de criterios y una voluntad política basada en un amplio consenso», explicó Losana.
Asimismo, reclamó una «mayor implicación» de los hombres «en el cuidado de la casa y de los hijos». Losana, padre de doce hijos, denunció que «desgraciadamente hoy
el trabajo está desplazando en muchos casos a la familia» y pidió a las empresas que pongan «los mecanismos necesarios para que el individuo no tenga que elegir entre trabajo y familia, sino que pueda desarrollarse de forma plena profesional y familiarmente».
Por su parte, el psicólogo clínico José Pereira, profesor de terapia familiar y coordinador de la unidad de Salud Mental de Telde explicó el panorama de las familias reconstruidas españolas, de las que dijo que empiezan con dos historias «en las que el divorcio es un punto de enganche». Pereira dijo que «el 75 por ciento de los divorciados no saben relacionarse entre ellos tras la ruptura» y señaló que el creer que la fusión de dos familias beneficia a todos «es una idea equivocada».
Pereira remarcó que el 35 por ciento de las parejas que se divorcian no vuelven a casarse y pueden estabilizarse como familias de progenitor único y que el 92 por ciento de los hijos quedan bajo la custodia de la madre tras la ruptura.
Diez medidas para proteger a las familias numerosas
La Federación de Familias Numerosas (1,1 millón de familias) ha entregado al ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, un documento con 10 medidas para mejorar su situación, al ser España el país de la Unión Europea que menos prestaciones ofrece por hijo a cargo.
1.– Incremento de la inversión pública en familia para equipararla a la media europea. España se sitúa a la cola de la UE en recursos dedicados a la protección de la familia, al destinar sólo un 2,7 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) frente al 8,2 de la media comunitaria, es decir, tres veces menos que el conjunto de Estados de la Unión.
2.- Pacto de Estado por la Familia, que fije unos mínimos generosos de protección a la familia para toda España y ponga fin a los agravios que sufren las familias españolas en función de las comunidades autónomas en las que viven.
3.– Desarrollo Reglamentario de la Ley de Familias Numerosas para que se puedan aplicar todos los preceptos recogidos en esta Ley, como la bonificación del 45 por ciento en las cuotas de la Seguridad Social para familias que contraten una empleada de hogar. Un año después de aprobarse el texto, ninguna familia se ha podido beneficiar de este derecho, ya que la Seguridad Social no ha recibido instrucciones al respecto.
4.– Mejora del tratamiento fiscal de las familias con hijos y, en concreto, la no modificación del actual sistema de deducción por hijos. Según los planes del Gobierno, esto pasaría a aplicarse sobre la cuota y no sobre la base imponible. El cambio perjudicaría notablemente a las familias con más hijos, que «por necesidad» presentan rentas más altas, aunque ello no equivale a tener una mayor capacidad económica.
5.– Extensión de la «paga» de 100 euros a todas las madres con hijos menores de 3 años para acabar con la discriminación de las amas de casa, cuyo trabajo, sin ser remunerado, cumple una función social importantísima. Esta medida fue en su día anunciada por el ministro de Trabajo, quien posteriormente dio marcha atrás.
6.– Aplicación del criterio de renta per cápita en todas las prestaciones sujetas a límites de renta para que estos límites se ajusten a la realidad económica de los hogares españoles. Más de un 90 por ciento de las familias no pueden acceder a las ayudas por superar los ingresos máximos. Para una familia numerosa con 3 hijos, la renta máxima para la prestación por nacimiento del tercer hijo es de 14.200 euros brutos (2.362.681 pesetas).
7.- Reconocimiento de las familias numerosas de hecho, con ampliación del límite de edad de los hijos considerados a cargo a estos efectos. Actualmente medio millón de familias están desamparadas por la ley, ya que son familias numerosas «de hecho» (con tres o más hijos a cargo), pero no «de derecho».
8.- Creación del Observatorio Nacional de la Familia, que fue incluido en la Ley de Familias Numerosas a propuesta de la FEFN y cuyo primer trabajo debería ser la elaboración de un informe anual sobre la situación de la familla en España.
9.– Apoyo institucional al Plan+Familia, una medida de apoyo económico a familias numerosas, desarrollado por la FEFN en colaboración con 30 empresas y que permite a estas familias ahorrar una media de 1.500 euros al año.
10.– Prestación universal por hijo a cargo, como existe en muchos países del entorno. En España, esta prestación existe, pero está sujeta a un nivel de renta «irreal» que superan la gran mayoría de familias: 14.200 euros brutos para una familia numerosa con tres hijos. Por ello, solo llega a 1 de cada 9 menores de 18 años y su cuantía es de 24 euros al mes, frente a los 100 que de media reciben todas las familias en países como Francia, Alemania, Bélgica o el Reino Unido.
El presidente de la Federación, José Ramón Losana, considera que estas diez medidas son fundamentales para desarrollar una buena política que proteja a la familia, como elemento clave para el desarrollo económico y social del país.
