Entrevista a Ignacio García-Julía, director del Foro Español de la Familia.
¿Cuales son las líneas generales de la reforma educativa en cuanto a los contenidos?
En lo que respecta a la calidad de enseñanza, las reformas de la nueva ley están bien enfocadas, algo que cabía esperar de una ley que toma como referencia la LOCE, cuyos principal objetivo era precisamente ese. Sin embargo se echa en falta la definición expresa del precepto constitucional que otorga a los padres el derecho a educar a sus hijos (art. 27.3 de la CE). Esta carencia es la principal de todas las leyes de educación desde los años ochenta. Sin su inclusión expresa en dichas leyes nunca tendremos una verdadera ley de educación.
¿De qué forma se tiene en cuenta la subsidiariedad en la reforma educativa?
Sigue latente en todo el borrador de la ley el concepto de la educación como servicio (ver p.e. el artículo 2 bis). Con ese concepto, que impregna toda la ley, es difícil hablar de subsidiariedad. A las diferentes administraciones se les encomienda ese «servicio» y por tanto pasan a estar en un primer plano, quedando las familias en un segundo. Esto trae como primera consecuencia un sistema muy «administralizado», con muchos organismos y entidades a las que se les asigna una responsabilidad sobre la educación que un muchos casos, por no decir en todos, es exclusiva. Como dijimos, esto no es nada más que una consecuencia del «miedo a la libertad» que existe en el entorno educativo.
¿Cómo valora el trato que se ha dado, históricamente y en la actualidad, a la educación de iniciativa social? ¿Es posible mejorar la protección de la libertad de elección y creación de centros educativos?
La educación de iniciativa social ha recibido un trato de «segunda categoría» en las diferentes leyes de educación de los últimos tiempos. Parece que el esfuerzo y el «verdadero modelo educativo» proviene de la enseñanza pública dejando a la iniciativa social prácticamente como un «mal menor» que hay que tolerar. Pero los resultados y los estudios sobre esta son contundentes: los colegios de iniciativa social obtienen mejores resultados en general y cuestan menos al contribuyente. Un alumno en la enseñanza de iniciativa social cuesta un 33% menos al contribuyente que un alumno en la enseñanza pública. Esto no quiere decir que todos los alumnos deberían estar en la enseñanza concertada y así la educación nos saldría más barata a todos. Lo que quiere decir es que hay que reducir los costes de la enseñanza pública para hacerla más competitiva en calidad y en coste, es decir, igualar hacia arriba, no hacia abajo.
La libertad de elección es fácilmente mejorable, y lo han demostrado algunas Comunidades Autónomas al dejar libertad a los padres para que elijan el centro que quieran para sus hijos. Es un paso tímido quizás, pero es un paso en la buena dirección para cumplir con el mandato constitucional del artículo 27.3 citado.
Por otro lado, también la libertad de creación de centros educativos es manifiestamente mejorable. Dejemos que la iniciativa social se desarrolle sin cortapisas administrativas y luego midamos objetivamente y hagamos públicos los resultados de cada centro. Si el centro es bueno y obtiene buenos resultados académicos, quedará automáticamente premiado por la demanda de los padres. Si el centro no obtiene buenos resultados, quedará excluido del mercado sin necesidad de intervención administrativa alguna.
En cuanto al articulado de la LOE, en concreto aquella parte que habla de la educación concertada (art. 116 y siguientes), ¿Qué propuestas concretas de mejora podrían hacerse para que la planificación administrativa no ahogue la iniciativa social? ¿Cree que la LOMCE da algún paso en este sentido?
La mejora más notable y la que daría lugar a que la ley perdurara en el tiempo es la que se ha expresado en la pregunta anterior: medidas objetivas de evaluación del centro y publicación de los resultados. De esta manera, cualquier iniciativa que quiera sacar adelante un centro de enseñanza se sometería al escrutinio real de los padres, y no de una administración cuyos criterios son cambiantes y, en muchos casos, ideologizados, desenfocando la verdadera razón de ser de la educación que no es otra que el propio alumno.
¿Cómo cambiar el proyecto de Ley, la LOMCE, para que tutele efectivamente a la educación de iniciativa social?
Después de las preguntas anteriores, esta última queda contestada. Como resumen podríamos decir que reconociendo a los padres el derecho que les ha sido conculcado y extendiendo esta libertad a los centros de iniciativa social, pondríamos a la educación en condiciones de mejorar por sí misma sin intervenciones administrativas que solo provocan distorsión en el modelo educativa y son fuente de polémicas y, en definitiva, del fracaso escolar y educativo que padecemos.
