Para que esta reforma sea una realidad, con tiempo suficiente para que su aplicación sea efectiva antes del final de la presente legislatura, resulta necesario que se ponga en marcha la tramitación del correspondiente Proyecto de Ley ya, sin más dilaciones, pues estamos a punto de pasar el ecuador de la legislatura.
Para que esta reforma sea un mecanismo operativo para mejorar la situación preexistente es imprescindible, al menos, que la vida humana vuelva a tener una protección efectiva, también con normas penales; desde el comienzo de la gestación como según el Tribunal Constitucional -en su sentencia de 1985-, exige en nuestra Constitución. A esto efectos es imprescindible suprimir el sistema de plazos y establecer mecanismos efectivos para evitar el inmenso y sistemático fraude de ley que se dio entre 1985 y 2010, años en los que en las clínicas privadas que convirtieron el aborto en un mero negocio mercantil se presuponía que todo embarazo no deseado implicaba el grave peligro para la salud psíquica de la madre que según la legislación de la época abría las puertas al carácter no punible del aborto.
Además, la Ley debe ocuparse de garantizar que las mujeres embarazadas reciban la información y apoyo necesarios para poder superar cualquier dificultad o problema que lastre su derecho a la maternidad en clave de solidaridad social para continuar su embarazo superando las eventuales situaciones de riesgo o exclusión social. Una Ley justa en esta materia exige la protección de la vida del no nacido y políticas activas de apoyo a la mujer y su derecho a ser madre.
La ley debe también amparar sin restricciones ni desconfianzas el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, el derecho de los padres de menores a ejercer la patria potestad sin restricciones de ningún tipo y derogar toda la carga ideológica de género presente en los 11 primeros artículos de la ley de 2010 profundamente imbuidos de planteamientos ideológicos inaceptables y partidistas en materias de salud educación y sanidad.
Los anteriores son requisitos mínimos para empezar a avanzar hacia una sociedad justa en materia de derecho a la vida y protección de la mujer y su derecho a ser madre.
