«Nuestra prioridad es que la Administración respete el derecho de los padres a que escojan el centro que quieren para sus hijos, como establece el artículo 27 de la Constitución española». Con estas palabras resume Isabel Bazo, presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), el objetivo del congreso nacional de este organismo, que reúne en Córdoba desde ayer y hasta el próximo sábado a 550 representantes de centros privados y concertados.
Bajo el título, «Escuela privada, garantía de libertad», los organizadores quieren hacer referencia al derecho de elección de centro que, según Bazo, no es respetado por la administración central ni por algunas Comunidades Autónomas. «No puede existir un monopolio del Estado a la hora de impartir la educación en niveles obligatorios», afirma Bazo, que alega que «no se puede condenar a las familias a que las plazas gratuitas sólo existan en los centros públicos».
La presidenta de CECE lamenta que el sistema educativo español esté a merced de los cambios de partidos políticos en el Gobierno central. Sobre la reforma de la Ley de Calidad anunciada por la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, Bazo aclara que la actitud de la CECE no va a ser de enfrentamiento sino de diálogo. «Queremos que el nuevo texto recoja de forma real la coexistencia de la escuela pública y la privada».
Puntos pendientes
Por su parte, el presidente de la CECE en Córdoba, Juan Carlos Morales, señala que, aunque hay diálogo con las administraciones central y autonómica, existen muchos puntos pendientes en las negociaciones. Entre los principales, Morales destaca la discriminación en Andalucía respecto al concierto en Infantil y aclara que «nuestra comunidad es donde la concertada está más discriminada».
El mantenimiento de las unidades ya concertadas, «que poco a poco están siendo recortadas en nuestra provincia y en Andalucía», explica, la fijación de las plantillas de los centros y la analogía retributiva de los docentes y personal laboral de la privada con los de la pública; y la reforma del decreto de admisión de alumnos se suman a los puntos pendientes. «Esto es muy importante porque la actual normativa va en contra del derecho de libre elección de centros que tienen los padres», puntualiza Bazo.
En cuanto a la intención del Gobierno central de que la Religión no se imparta en el centro escolar, Bazo pide que, ante todo, se respete el proyecto educativo del centro. «En los anteriores gobiernos socialistas esta asignatura estaba dentro del currículum educativo. Era obligatoria para los centros y opcional para los padres, pudiendo elegir una alternativa a la Religión. No comprendo por qué no puede seguir siendo así», asevera. Desde CECE, abogan porque la Religión continúe en los centros como materia evaluable, «entre otros aspectos por respeto al profesor que la imparte», explica la presidenta de CECE.
Equiparación presupuestaria
Una de las cuestiones pendientes para la enseñanza concertada es la financiación pública que reciben del Estado a través de las Comunidades Autónomas. «Por poner un ejemplo, en Madrid el 40 por ciento son centros privados-concertados, a los que se destina un 15 por ciento del presupuesto para educación de la comunidad», indica Bazo.
Otro dato de la diferencia económica entre ambas opciones educativas es que el coste de una plaza escolar en la concertada es el 50 por ciento más barata que en la pública. «La mayoría de los centros tienen que recurrir a créditos bancarios para subsistir y ahora tenemos que hacer frente a otros gastos, como el plan de prevención de riesgos laborales», añade.
Finalmente, a la pregunta sobre qué destacaría de la enseñanza privada-concertada frente a la pública, la presidenta de CECE responde que «nuestros proyectos educativos cuentan con un profesorado muy motivado, el porcentaje de absentismo escolar es más bajo que en la pública y hay menos problemas de convivencia. Además en la escuela privada aún se llama al profesor don o doña y se entiende que el docente es un profesor y no un colega de los alumnos».
Cerca de 6.000 escuelas privadas o concertadas
Fundada en 1977, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) agrupa a cerca de 6.000 empresas de enseñanza privada y concertada en España de todos los niveles educativos, desde Educación Infantil hasta las enseñanzas universitarias, incluyendo también centros de enseñanza no reglada. CECE no ha podido precisar el número total de alumnos y docentes con que cuentan estos centros, aludiendo que ante el gran número de organismos asociados es muy difícil establecer una cifra exacta. Su presidenta, Isabel Bazo, destaca, sin embargo, que este organismo está presente en todas las provincias y comunidades autónomas del país a través de distintas federaciones y asociaciones. A través de ellas, la Confederación está presente en todas las firmas de los convenios colectivos del sector, siendo la única patronal que tiene representación en todas y cada una de las negociaciones. Según datos facilitados por este organismo, el 32,5 por ciento de los centros educativos españoles son de gestión privada. Entre los objetivos de la Confederación destaca la defensa de la libertad de enseñanza y de la libre elección del centro educativo por parte de los padres, y la defensa de la autonomía de las organizaciones que la componen. En la provincia de Córdoba esta organización está representada por la Asociación provincial de centros de enseñanza libre de Córdoba y su presidente es Juan Carlos Morales. A esta asociación pertenecen 65 centros privados de toda la provincia, que responden, según la organización, a un ideario tanto religioso como seglar.
