Las manifestaciones y protestas que se suceden en varias comunidades autónomas contra determinadas medidas sobre horarios de trabajo de los profesores de la escuela pública, están llevando a reabrir de manera errónea el viejo debate que pretende enfrentar a la escuela pública con la de iniciativa social. Quienes acuden a estos planteamientos para defender sus intereses corporativos o profesionales, olvidan que si en España existen colegios tanto públicos como de iniciativa social es por que las familias, titulares constitucionales del derecho a la educación, eligen libremente ese tipo de centros.
Enfrentar a la escuela publica contra la de iniciativa social como si fuesen sistemas incompatibles o contradictorios, implica un profundo desprecio a la libertad de elección de centro escolar por parte de las familias y presupone que la escuela es de poder publico y este podría optar por suprimir la escuela de iniciativa social. Esta visión incompatible con la Constitución y contraria a un derecho fundamental reconocido en la declaración universal de DDHH y en la propia constitución.
Los profesores de la pública que creen afectados sus derechos por las nuevas regulaciones autonómicas debieran tener en cuenta que para defenderse no es legítimo atacar un derecho o libertad fundamental regulado en la Constitución y también debieran pensar que no se puede convertir a los alumnos y a sus familias en rehenes de sus luchas sindicales y de sus reivindicaciones profesionales.
Utilizar la huelga sistemática y continua hace un gran daño al desarrollo normal del curso escolar, a la formación de sus alumnos y a la calidad de la escuela pública.
