La maternidad, según la Declaración, es «un bien social» y la familia es «insustituible». Así, se señala que «en una sociedad libre, sólo la familia puede cumplir en condiciones óptimas con la responsabilidad de transmitir la vida, educar y socializar las nuevas generaciones y fundar la solidaridad intergeneracional».
Se incluye también que «los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas».
Según los firmantes, las políticas públicas con respecto a la familia «deben promocionar a la familia como institución; promover una cultura y ambiente favorables a la familia como algo de inmenso valor social; ayudar a los padres para que puedan tener los hijos que deseen; facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal; impulsar políticas que ayuden a superar las crisis familiares; reconocer el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos; promover la participación activa de padres y asociaciones en la definición de las políticas públicas y apoyar, con medidas específicas, a las familias con necesidades específicas».
Entre los compromisos que asumen se encuentra «impulsar iniciativas para que la familia sea considerada, tanto en los organismos supranacionales, como nacionales y autonómicos, como patrimonio de la humanidad».
«PERSPECTIVA DE FAMILIA»
Igualmente, se comprometen a «trabajar para la incorporación de la ‘perspectiva de familia’ en todos los ámbitos». Así, reclaman que «la perspectiva de familia debe estar presente en todas las políticas públicas, en especial las de carácter social, económico y educativo».
La «perspectiva de familia» implica «reconocer y reforzar no sólo los derechos de los individuos en la familia, sino también y sin contraposición, los derechos de la Familia como institución. El sujeto beneficiario de las políticas de familia debe ser la familia entendida como unidad».
También se pretende «impulsar una política familiar integral de carácter universal», con especial incidencia en el reforzamiento jurídico del «matrimonio como compromiso libre del hombre y la mujer que funda la familia y aporta mucho a la sociedad» y «desarrollar una verdadera e integral conciliación de la vida familiar y laboral poniendo en marcha todas las medidas necesarias que ayuden a las familias -mujeres y hombres- a compaginar trabajo y responsabilidades familiares y eviten la discriminación de quienes deciden tener hijos».
Se marcan como objetivo también «defender los derechos del niño, trabajando para erradicar la violencia contra los niños, incluida la que se produce en el periodo prenatal, impulsando una protección completa y eficaz del hijo no nacido desde el momento de la concepción» e «incrementar la conciencia de la responsabilidad de toda la sociedad ante las mujeres embarazadas». Otra conclusión es la «promover organismos y crear condiciones favorables para ayudar a las familias a superar conflictos, crisis y potenciales rupturas conyugales».
El eurodiputado del grupo popular Jaime Mayor Oreja, que ofreció una conferencia en el marco de la jornada, destacó que la Comunitat Valenciana refleja «el equilibrio entre el progreso y los valores, en lo que significa el futuro y, al mismo tiempo, tener siempre, no los pies de barro en este terreno de los valores, sino significar una comunidad que también puede ser vanguardia en la defensa de estos principios, valores y convicciones».
Esto, insistió, es algo compatible «con el desarrollo, el progreso, con lo que significa hoy en el fondo la Comunitat Valenciana dentro de España». A su juicio, la valenciana es la autonomía «en la que la modernidad, el cambio, la transformación en estos 30 años de democracia ha sido más profunda».
Mayor Oreja indicó que el trabajo llevado a cabo «no tiene precedente y significa un punto de inflexión muy importante». Asimismo, dijo que un análisis profundo de Europa revela que «lo que vivimos es una crisis de convicciones, de valores; los europeos no sabemos las convicciones que tenemos comunes». Por ello, dijo, es importante «concretar» y «trabajar sobre una institución que es un valor en sí mismo».
Por su parte, Beningo Blanco, vicepresidente del Foro Español de la Familia, manifestó que España «es el país de la Unión Europea que menos recursos dedica a políticas familiares» –el 0,4 por ciento del PIB frente a la media europea de 2,5 del PIB–.
Asimismo, reivindicó «un régimen jurídico singular ah hoc de protección del matrimonio comunión entre el hombre y la mujer por ser una institución socialmente eficaz».
Así defendió que «es evidente que los hombres podemos organizar nuestras vidas como queramos en las relaciones afectivas y sexuales», pero el matrimonio entre hombre y mujer, insistió, «es lo que aporta un gran beneficio a la sociedad».
