López Aguilar compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso para informar de los planes del Gobierno para los próximos cuatro años, periodo que, según dijo, estará marcado por la búsqueda del diálogo y el acuerdo y no por un intento de «arrasar todo lo ya construido» y de legislar de forma precipitada.
El ministro desglosó las reformas que tiene previsto acometer, como la revisión de la legislación civil para permitir el matrimonio de homosexuales «en condiciones de igualdad» con los heterosexuales, aunque no precisó si entre los efectos jurídicos de esta regulación se promoverá el derecho a la adopción.
También se agilizarán los procesos de divorcio eliminando el requisito de la separación y se reformará el Registro Civil para «asegurar el derecho a la identidad sexual», introduciendo garantías para que se puedan hacer rectificaciones registrales del sexo.
En su intervención, apuntó la reforma «consensuada» del Código Penal para 2005, pero indicó que, con carácter inmediato, se avanzará en la «despenalización» de la interrupción voluntaria del embarazo, mediante un proyecto de ley «que amplíe los supuestos de aborto en el marco acotado de las primeras semanas de gestación».
Del mismo modo, dijo, se derogarán los artículos que tipificaban como delito la convocatoria ilegal de referendos, conductas que, según López Aguilar, supondrían una «evidente ruptura de la lealtad constitucional», pero cuya incriminación penal «desproporcionada» no sería la solución más adecuada.
Fraude fiscal
El resto de reformas del Código Penal afectarán a la persecución del fraude fiscal, la expulsión automática de los inmigrantes que hayan cometido delitos penados con menos de seis años de cárcel o la posible vuelta a la figura del arresto de fin de semana.
También propuso para el año próximo la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la independencia del fiscal general del Estado, cuyo mandato tendrá un límite de cinco años y que se someterá a causas de cese tasadas y objetivas, además de no poder intervenir en procesos penales que pudieran afectar a miembros del Gobierno.
El Gobierno prevé potenciar la Fiscalía Anticorrupción, así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir al Ministerio Público la dirección de la instrucción y la de la Ley del Menor para delimitar las funciones del fiscal y evitar que sea el acusador y el encargado de tutelar su protección.
600 nuevas plazas de fiscales y 400 de jueces
A lo largo de la legislatura, se crearán 600 plazas de fiscales y 400 de jueces, dentro del plan del Ejecutivo para conseguir una justicia «rápida, eficaz e igualitaria» que recupere «la confianza de los ciudadanos».
Dentro de este objetivo, el Gobierno pretende dar desarrollo normativo a la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los Tribunales Superiores de Justicia sean los órganos que culminen la organización judicial de cada comunidad y el Supremo pueda cumplir con su función de unificar doctrina.
En esta reforma, se impulsará la «justicia de proximidad», con jueces especializados en litigios de menor complejidad, y se ampliará la ley de protección y ayudas a las víctimas del terrorismo a aquellas de delitos violentos.
Además, se modificará la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ante «el desbordamiento del recurso de amparo» para que deje de ser «una última instancia encubierta dedicada a revisar las decisiones del Supremo».
El plan para modernizar la justicia prevé la creación de 37 juzgados de lo Mercantil este año y ocho más en el primer semestre de 2005, la informatización de los órganos judiciales y la extensión de los juicios rápidos al ámbito civil, además de la instauración de un sistema de mañana y tarde para atender a los ciudadanos y de cita previa.
Aceptó el ministro estudiar un cambio en la ley de indultos, y garantizó que no se concederá esta medida de gracia a los maltratadores o a quienes pongan en peligro la seguridad del tráfico, con quienes el Ejecutivo será «implacable».
López Aguilar anunció por último una etapa de diálogo con las confesiones religiosas que tienen acuerdos con el Estado.
El PP, preocupado
El portavoz del PP en la comisión, Ignacio Astarloa, expresó su «gran preocupación global» por el programa de «máximos» presentado por el ministro, a quien advirtió de que será muy difícil alcanzar consensos.
Expresó sus dudas sobre todas las cuestiones planteadas por el ministro, a quien exigió una mayor concreción presupuestaria y le preguntó cómo reaccionaría el Gobierno si algún presidente autonómico convocase un referendo después de que se derogase «el elemento de disuasión» que es su inclusión en el Código Penal.
El portavoz de CIU, Jordi Jané, reclamó un pacto de Estado con todas las formaciones para llevar a cabo las reformas planteadas por el ministro y reclamó la inmediata derogación de la tipificación como delito de los referendos.
Por su parte, Agustí Cerdá (ERC), Isaura Navarro (IU-ICV), Margarita Uría (PNV) y Begoña Lasagabaster (EA) coincidieron en la necesidad de «deshacer» las últimas reformas realizadas por el anterior Gobierno.
