Ello ha generado consecuencias prácticamente desconocidas hasta ahora a diferentes niveles. Las peores se conocieron a través de los últimos datos del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia que demostraban que el 35 por ciento de las mujeres que murieron el pasado año por violencia de género (70) habían iniciado los trámites de la separación. No en vano, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció en diferentes medios de comunicación que el Gobierno agilizaría los trámites del divorcio para evitar situaciones de violencia. Una iniciativa que confirmó ayer en su comparencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde anunció que se eliminará «el requisito de la separación».
Pero reducir los problemas que conlleva una ruptura de pareja supone emprender también una serie de reformas a tenor de las reivindicaciones que ya han dado a conocer diferentes colectivos. Por ejemplo, desde la Asociación Española de Abogados de Familia ya se habían iniciado contactos con el Gobierno para la reforma de la Ley del Divorcio, la flexibilización del régimen de visitas de los hijos, la revisión de las pensiones alimenticias y la creación de una jurisdicción especial de familia y de una ley que regule los equipos psicosociales, encargados de velar por los intereses de los menores.
