La Razón (18/01/07).- Así al menos lo indica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética en Madrid -asociación que ofrece apoyo jurídico a los padres que no quieren que sus hijos cursen la materia-. El experto se reunió ayer con el secretario de Educación, Alejandro Tiana, para tratar el asunto.
Según Fernández de Alarcón, desde el Ministerio existe una clara intención de desactivar la campaña que informa a los padres sobre este derecho. «Tiana nos ha reconocido estar preocupado, pero no nos pueden detener porque nuestros expertos tanto del ámbito jurídico como del educativo tiene claro que lo que hacemos es legal», asegura.
La asociación ha solicitado en innumerables ocasiones una reunión con la ministra para hablar sobre la asignatura, pero no fue hasta ayer cuando fueron recibidos. Justo cuando los reales decretos de enseñanzas mínimas de Primaria y Secundaria ya han sido aprobados, es decir, cuando ya no hay nada que negociar. «Lo que quieren es desactivar nuestra campaña», afirma Fernández de Alarcón.
Aún así, Profesionales por la Ética decidió acudir a la cita para presentar sus propuestas. La primera: retirar la asignatura; la segunda, reconocer de forma legal la objeción de conciencia; la tercera, elaborar un decreto para que Educación para la Ciudadanía sea voluntaria y no computable -al igual que Religión-. Todas les fueron denegadas.
La asociación siempre ha defendido que la asignatura supone una intromisión en la dimensión moral y privada que sólo corresponde a la familia, y desde ayer aseguran que cada vez está más claro el objetivo del Gobierno. «La reunión no ha hecho otra cosa que reforzar aún más nuestras ideas porque el mismo José Luis Pérez Iriarte -director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa- afirmó que lo que se pretende con la materia es ‘‘formar en ideología a las personas con menos convicciones’’».
Al respecto, Fernández de Alarcón apunta que querer dar una educación ética de mínimos en todas las ideologías supone arrancar la base al sistema de valores de muchas familias porque «no todo es relativo». Desde que empezaron la campaña el pasado mes de noviembre para informar a los padres qué es la objeción de conciencia, más de cien mil familias se han puesto en contacto con la asociación para manifestar su desacuerdo con la nueva y polémica asignatura.
En el supuesto de que unos padres hagan uso de este derecho, el centro tendrá que elegir qué alternativa ofrece los alumnos.
Celia Maza
