Uno de los empeños del Gobierno socialista es «impulsar las modificaciones necesarias que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral», según la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, que se comprometió a incrementar un 7,12% la dotación del Plan Concertado de Servicios Sociales con las comunidades autónomas y a aumentarlo significativamente en los próximos años.
Por lo pronto, el próximo Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo viernes créditos para favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral a través de la atención a la primera infancia (0-3 años) mediante convenios-programa con las comunidades autónomas. El montante total será de 21.793.830 euros.
El fin es «incrementar y mejorar la calidad de la oferta de servicios de atención a la primera infancia y facilitar que los ya existentes puedan adecuarse a los requisitos que exige la normativa vigente», según un portavoz del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Los créditos se concederán en función del número de habitantes de cada autonomía, de tal manera que Andalucía, Cataluña y Madrid acaparan los mayores porcentajes del presupuesto: el 21%, el 15% y el 14%, respectivamente, mientras que Ceuta, Melilla y Murcia, por su menor extensión y población, se llevan la porción más baja.
Con todo este montante económico, Trabajo cofinanciará con las comunidades autónomas los centros de atención a la primera infancia (0-3 años) que sean titularidad de los ayuntamientos o aquellas guarderías laborales que sean propiedad de las corporaciones locales o entidades sin ánimo de lucro. El dinero irá dirigido sobre todo a aquellas que amplíen el horario, el número de plazas, el grupo de edad hasta cubrir los cero-tres años o la transformación de servicios que son temporales en permanentes. De igual modo tendrán prioridad a la hora de beneficiarse de las ayudas aquellos centros que se implanten en zonas de fuerte crecimiento demográfico o las guarderías laborales que estén en proceso de adaptación a la nueva normativa de educación preescolar como consecuencia de su regulación.
El Gobierno prevé, además, apoyar a familias en situaciones especiales para evitar que su situación pueda degenerar en situaciones de exclusión social o desintegración familiar o a aquellas en las que un solo progenitor convive con hijos menores de 18 años y se encuentran en situación de dificultad social.
Otra parte de la dotación económica (2.939.000 euros) irá dirigida a programas de orientación y/o mediación familiar para prevenir los problemas que generan los procesos de separación, a apoyar a los hogares con violencia familiar con una asignación de 1.706.000 euros, y para atención y tratamiento de situaciones de maltrato infantil.
