El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a ratificar una vez más que no existe un derecho al aborto que dimane directamente de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que, por tanto, no se puede exigir a ningún Estado que legalice el aborto.
Este pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo pone de manifiesto la enorme mentira de la legislación española sobre el aborto de 2010, que se presenta a sí misma en la exposición de motivos de la Ley como si la misma fuese una aplicación en España de lo que prevén las normas internacionales. Y a la vez, esta sentencia de Estrasburgo ratifica una vez más que una eventual nueva mayoría política en España, si lo desea, puede derogar el aborto volviendo a proteger la vida humana desde la concepción sin por ello oponerse a ninguna norma internacional en materia de derechos humanos.
Legalizar el aborto o prohibirlo es, en el esquema jurídico actual, una opción política de cada Estado y por eso en España podemos y debemos plantearnos y exigir que se derogue la legislación permisiva del aborto y sea sustituida por una normativa protectora del Derecho a la vida y los recién nacidos y del Derecho de la mujer a recibir todo el apoyo necesario para su maternidad.
La citada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también permite ver la inmensa manipulación que desde determinados organismos de Naciones Unidas se esta realizando para coaccionar a gobiernos del tercer mundo, especialmente a los países latinoamericanos, para que introduzcan el aborto en su legislación. Al actuar así, Naciones Unidas no está sirviendo como debiera al sistema de Derechos Humanos sino poniéndose al servicio del lobby antinatalista de género que defiende derechos económicos inconfesables de los países y empresas del primer mundo, a través de un nuevo colonialismo que quiere exportar la peor ideología antihumanista del mundo occidental a aquellos países que se sienten comprometidos con la defensa de la familia, la dignidad de la mujer y la vida.
