Ante el pleno, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ofreció la ley como homenaje a las cientos de víctimas mortales de la violencia de género, a las decenas de miles de amenazadas, a sus familias, a las organizaciones de mujeres y a toda la sociedad.
«Cuando los derechos no son patrimonio de todos, es preciso forzar el ritmo con acciones de discriminación positiva», «acciones desiguales para igualar», destacó Caldera para recordar también que la ley no es sino el principio de «un largo y arduo proceso» que sólo acabará con la erradicación definitiva de esta violencia.
El pleno votó a favor de las enmiendas del Senado y los grupos destacaron su importancia, al garantizar, por ejemplo, la igualdad de derechos de todas las víctimas, eliminar el requisito de edad para percibir determinadas ayudas económicas y exigir al Gobierno que apruebe una ley que cree un fondo para hacer frente al impago de las pensiones alimenticias fijadas en separaciones o divorcios.
Los portavoces se felicitaron por el consenso, pero no olvidaron sus críticas: la mayoría denunció la falta de presupuesto, el PP rechazó el tratamiento penal específico para los agresores y alertó de su posible inconstitucionalidad, y CiU mostró sus recelos ante los juzgados de violencia sobre la mujer que lleven casos penales y civiles.
En la tribuna de invitados se sentaron las representantes de las asociaciones de mujeres, cuyo trabajo fue elogiado por los diputados; recibieron la unanimidad del pleno formando con sus manos en alto el triángulo símbolo del feminismo y bajaron después al hemiciclo para fotografiarse con Caldera y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
