El escrito está firmado por Adolfo Prego, Jose Luis Requero, Carlos Ríos, Enrique López y José Merino, y con él están de acuerdo el resto de los vocales de la mayoría conservadora, según informaron este lunes fuentes de este sector. Por su parte, las fuentes consultadas de entre los vocales nombrados a propuesta del PSOE explicaron que tienen previsto reunirse este martes para hablar sobre su posición ante esta propuesta.
En el texto remitido al Pleno por los vocales conservadores, éstos estiman que el anteproyecto incluye reformas del Código Civil desde la invocación de artículos de la Constitución, el 10 y el 14, «todo en relación al ejercicio del derecho fundamental al matrimonio (artículo 32.1 de la Constitución) y a la protección de la familia (artículo 39 del mismo texto)».
Tales preceptos, continúa el escrito, se engloban dentro del Título I de la Constitución con lo que la materia objeto de la nueva regulación «queda indubitadamente enmarcada dentro» de lo que el artículo 108.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que son cuestiones que apoderan al CGPJ para ejercer su potestad de informe o consultiva. En ese artículo de la LOPJ se establece que el CGPJ tiene potestad para informar sobre aquellos anteproyectos que «afecten total o parcialmente (…) a normas procesales o que afecten a aspectos jurídicos-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales».
Además los firmantes del escrito recuerdan que la nueva regulación afectará también a las competencias de los jueces encargados del Registro Civil y al ejercicio de la jurisdicción de los tribunales ordinarios. En este sentido, y «según las noticias de las que se disponen», los vocales recuerdan que la reforma prevé que las personas homosexuales unidas en matrimonio puedan adoptar, «lo que también influye en el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales ordinarios tal y como se deduce de los artículos 175 y siguientes del Código Civil», donde se regulan los requisitos para la adopción, y tiene implicaciones en la ley orgánica de Protección Jurídica del Menor.
Asimismo, se estima que la reforma proyecta modificaciones en la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida en lo que se refiere al consentimiento regulado y a «otros preceptos aislados» como los del Código Civil «referidos al régimen económico matrimonial o la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los que la referencia al matrimonio se basa en el distingo marido o mujer, aspectos que también afectan a la jurisdicción de los tribunales ordinarios».
Por todo ello, se propone que «desde la responsabilidad que corresponde al CGPJ de velar por la integridad de sus competencias e invocando las razones expuestas, más la necesidad de dar una interpretación extensiva al artículo 108.1» de la LOPJ, el Pleno se dirija al Gobierno (Ministerio de Justicia) para que le remita el citado anteproyecto para el preceptivo informe, que es consultivo pero no vinculante.
Los firmantes también afirman que han existido antecedentes de otros supuestos en los que el Pleno «se ha dirigido bien al Gobierno o bien a las Cámaras Parlamentarias, para que se le remitan otros anteproyectos o proyectos elaborados para el preceptivo informe». Precisamente, en junio de 2003, el CGPJ solicitó en dos ocasiones al Gobierno la remisión de la reforma de la Ley de Extranjería para elaborar informe, algo que según recordó el entonces ministro de Interior, Angel Acebes, no procedía ya que esa reforma no afectaba «legislaciones referentes a los derechos fundamentales».
