El PP tiene mayoría absoluta en el Congreso de los diputados y en el Senado y, por lo tanto, está en condiciones de hacer una reforma a fondo de la legislación sobre el aborto, de acuerdo con lo que prometió en su programa electoral. Dado que puede y ha prometido hacer esa reforma de fondo, no es aceptable que se limite a promover una reforma en cuestiones absolutamente accesorias y cambios meramente nominalistas que dejan intacta la actual regulación del aborto como un derecho libre de la mujer durante las primeras semanas de embarazo y, además, garantizado y financiado por la sanidad pública.
Si se materializase la próxima semana que el PP renuncia definitivamente a cumplir su programa electoral, ya sólo queda como posible instancia en el actual momento político, que corrija la grave injusticia que supone la legislación vigente el Tribunal Constitucional. Resulta incomprensible el silencio de este Tribunal y su omisión responsable a no dictar la sentencia que tiene pendiente desde hace 5 años sobre la ley de 2010.
En el horizonte electoral en el que estamos, y dado este debate abierto en la sociedad española, es necesario que los futuros electores vayan tomando nota de lo que dice y hace cada uno para tenerlo en cuenta a lo hora de emitir un voto responsable y coherente con la defensa de la vida.
