El denominado “distrito único”, satanizado por una parte de la comunidad educativa y cuya próxima eliminación no se fundamenta en criterio pedagógico o académico alguno, ha estado vigente en la Comunidad Valenciana dos o tres cursos, dependiendo de la población que se considere. El distrito único no es un fin en sí mismo. Es un instrumento, una herramienta. Es la mejor opción, sino la única, entre las “realmente existentes” que, de conformidad con la legislación vigente, hace justicia al derecho de los padres al ejercicio de las libertades de elección del tipo de educación y de elección del centro escolar.
Quizá por esto mismo es objeto de una auténtica cruzada para su eliminación. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Valencia, el denostado distrito único suponía que las familias pudieran elegir entre todos los colegios existentes –varias decenas-, y no sólo entre los 3, 6 o 10 existentes en las áreas de influencia establecidas por la Administración. En algunos de los antiguos distritos, que han sido rescatados ahora por una “innovadora” y más que dudosa propuesta de Mapa Escolar, sólo hay 1 o 2 colegios concertados –de carácter religioso o no-, y en alguno ni siquiera eso, con lo que la libertad de las familias queda anulada por la planificación burocrática o por el pánico a que algunos centros puedan quedar semivacíos. Sea por miedo a la libertad, o por afán de intervención estatalista y de planificación centralizada, o por deseo de llenar determinados centros ignorando los derechos de las familias, algunos sectores declararon la guerra, desde el principio, al distrito único. Ahora, con el acceso al poder del tripartito les ha llegado el turno de imponer sus criterios a toda la sociedad, incluso contra la legislación vigente.
Efectivamente, tanto el art. 27.3 de la Constitución Española («Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»), como el art. 4.1.b) de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación («1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los siguientes derechos: b) A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.») y los arts. 1.q) («La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales.») y 108.6 («6. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.») de la Ley Orgánica de Educación, reconocen la existencia de los derechos señalados. Y podríamos añadir citas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y otras normas de rango internacional.
Si está avalado jurídicamente como instrumento para el ejercicio de la libertad de elección; si ha funcionado correctamente dando satisfacción a las peticiones de primera opción de escolarización de las familias en más del 90% de los casos; si no existen criterios pedagógicos, académicos, organizativos o de gestión que avalen su eliminación, ¿por qué debe eliminarse por encima de todo? La respuesta es obvia, por política, por pura ideología. Para unos su eliminación es un fin, dado que es un nuevo paso en el proyecto de limitar el ejercicio por los padres de su derecho constitucional a elegir el tipo de educación y el centro escolar que desean para sus hijos y, además, una pieza básica en lo que llaman “construir barrio”, cuando en realidad, y más en las actuales circunstancias de nuestro sistema educativo, la escuela debería dedicarse solo a enseñar, a transmitir conocimientos y formación, y a mantener alejada la política de las aulas. Para otros, como hemos señalado al principio, el distrito único es solo un medio.
Si la división en zonas de influencia es lo que proponen los que quieren cambiar todo lo anterior porque no cuadra con sus prejuicios ideológicos; si es lo que proponen los que defienden una escuela única, pública y laica; si es lo que proponen los que quieren que la religión “salga” de las aulas mientras pretenden imponer la ideología de género y su particular visión de la ciudadanía; si es lo que proponen los que creen que es más importante “construir barrio” que respetar la libertad y derechos de las familias, los que creemos en la libertad no podemos apoyarla.
Muchos padres, quizá la mayoría, elegimos para nuestros hijos centros próximos a nuestro domicilio, pero no porque nos lo imponga la Administración, sino porque ejercemos nuestra libertad y cada familia da prioridad a unos criterios. Y esto vale tanto para los que queremos elegir un centro concertado de carácter religioso como para los que quieren un centro público o uno concertado sin ideario ni carácter propio confesional, teniendo en cuenta que las dos redes –pública y privada concertada- deben ser, por definición legal, complementarias. No debe obviarse que ambas son sostenidas con los impuestos de todos y no, como parecen dar a entender, con los de una parte; y esto sin entrar a valorar ahora el coste de los puestos escolares en cada red, o la diferente financiación y dotación a cada una de ellas, por mucha demagogia que se haga.
Artículo escrito por Vicente Morro López, Presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de la Provincia de Valencia (FCAPA) y Vicepresidente del Foro Valenciano de la Famila.
