Hace 30 años que se introdujo en la legislación española la figura del divorcio, un paso teóricamente excepcional para solucionar los casos dramáticos de ruptura 
matrimonial. Los promotores de la nueva ley aseguraban que había decenas de miles de matrimonios a la espera de la misma para regularizar su situación pero la realidad desmintió estos pronósticos. Hoy ya estamos de vuelta de tales afirmaciones: ¿recuerdan los 300.000 abortos “clandestinos” que el Gobierno decía querer legalizar o ese 10% de la población que demandaba ansiosamente la ley del matrimonio homosexual?
En los 3 casos citados (y en otros varios que ahora no vienen al caso), la estrategia propagandística es la misma: se miente descaradamente sobre el porcentaje de la población que solicita insistentemente la reforma, se hace la nueva ley, al cabo de unos meses se olvida el engaño y muy poco tiempo después la sociedad se ha acostumbrado a la nueva ley, originada por la fijación ideológica del gobernante. Y como las leyes tiene un efecto pedagógico indudable, va cambiando la mentalidad social y la realidad regulada con un altísimo coste real (pero no fácilmente evaluable) del que nadie se hace responsable. En los casos a los que nos estamos refiriendo dicho coste se ha reflejado en un imparable crecimiento de las rupturas conyugales, la banalización del vínculo matrimonial, aumento de la pobreza en las personas separadas, cientos de niños privados de su ambiente natural de acogida, etc.
El divorcio en España ha sido el primer paso dado en el proceso político de ingeniería social que aspira a cambiar la antropología humanista de la civilización cristiana sobre el ser humano y la familia, por la nueva visión del
antihumanismo racionalista contemporáneo, sea en su versión ilustrada, marxista o, como es el caso de España, laicista de género.
Una vez que la sociedad española ha admitido como normal la ley del divorcio de 1981 (y que recordemos se había justificado como solución para los casos excepcionales de ruptura matrimonial), en 2005 nuestro legislador ha dado el siguiente paso con la denominada ley de “divorcio express”. El divorcio deja de considerarse un remedio para verse como un derecho subjetivo de cualquiera de los cónyuges, hasta el punto que uno puede solicitarlo y conseguirlo a partir del tercer mes de la boda sin tener que alegar causa alguna y aunque el otro cónyuge se oponga. El matrimonio se ha convertido, ha pasado a ser un verdadero “contrato basura”, mínimamente protegido y cómodamente anulable.
La afirmación “es más fácil anular un contrato matrimonial que el de compraventa de un bien material” es totalmente cierta. La ley vigente ofrece un matrimonio artificial y vacío, que sólo resalta las innegables dificultades de una convivencia para toda la vida y no suscita el interés de quienes se sienten llamados a un proyecto de vida en común orientado al auténtico desarrollo humano y a la educación de nuevos ciudadanos libres y solidarios.
Para la mayoría de la gente el matrimonio es algo muy serio, algo que le compromete para siempre y desearía verse acompañada por un ordenamiento jurídico que dé relevancia a esa voluntad. Por eso, desde el Foro de la Familia proponemos que la ley reconozca (además del actual “contrato basura”) un matrimonio serio, blindado y protegido contra las agresiones externas, un matrimonio alianza que no se pueda romper y se acomode en su régimen jurídico a lo que es la voluntad matrimonial habitual de los contrayentes. Así podríamos elegir en libertad: quienes quieran el actual “contrato basura” podrían acogerse a él y quienes quieran acogerse al régimen de una alianza matrimonial seria y blindada podrían también hacerlo.
No habría imposiciones para nadie sino una mayor libertad mayor para todos y empezaríamos a recuperar la seriedad antropológica y jurídica del matrimonio, revirtiendo el triste proceso vivido los 30 años de divorcio en España.
Benigno Blanco,
Presidente del Foro de la Familia
