El citado funcionario ha dirigido una nota interior a todos los centros escolares en la que amenaza a quienes planteen objeción de conciencia frente Educación para la Ciudadanía con que el alumno “no promocionará de curso y no titulara” . Esta resolución administrativa supone una amenaza que tiene como objetivo impedir que las familias puedan ejercitar el derecho constitucional de objeción de conciencia.
El artículo 542 de Código Penal establece expresamente lo siguiente: “Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”.
Los presidentes del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, y de CONCAPA, Luis Carbonel, han reafirmado el compromiso de estas instituciones con la defensa jurídica que sea necesaria frente a quienes, desde los centros escolares o desde la Administración educativa, pretendan obstaculizar o impedir la defensa por parte de los padres de su derecho constitucional a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales, derecho que es violado por los contenidos básicos fijados por el estado para Educación para la Ciudadanía.
Benigno Blanco al respecto ha manifestado: “la imposición ideológica que supone Educación para la Ciudadanía esta llevando al Gobierno a la contradicción de querer formar buenos ciudadanos violando los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución Española. Esta deriva totalitaria demuestra la absoluta incongruencia que supone Educación para la Ciudadanía”.
El Foro Español de la Familia recuerda que la Asociación Profesional de la Magistratura, hace pocos días, se pronunció a favor de la objeción de conciencia en esta materia y declaró que “el que no quiera recibir la asignatura, no la recibirá, porque lo que no se puede hacer es perder un derecho fundamental que está en la Constitución”.
Ambas instituciones (Foro Español de la Familia y CONCAPA) lamentan que algunos gobernantes, en lugar de luchar para ampliar los derechos y libertades de los ciudadanos, se empeñen en restringirlos y solicitan de los diferentes gobiernos autonómicos -que aún no lo han hecho- que declaren inequívocamente y sin ambages cuál es su posición frente al ejercicio por parte de los ciudadanos de este derecho. Conocer su posición ayudará también a los ciudadanos y familias a formar en su día el criterio para votar en las próximas elecciones.
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