El pasado día 5 de febrero la ministra de Hacienda indicaba que se perseguiría la deducibilidad fiscal de los donativos que entregan los padres a los colegios de iniciativa social para paliar la insuficiencia de fondos que la Administración Pública dedica a la escuela concertada. Dichos donativos se efectúan, por lo general, a fundaciones que tienen además una obra social adicional a la de los propios centros.
Las diversas Administraciones Públicas llevan discriminando a los colegios de iniciativa social desde el principio de nuestra democracia. En efecto, los fondos que la Administración dedica a los alumnos de dichos centros no cubren más que el coste del profesorado y muy poco más, cuando desde un principio de neutralidad y de rigor constitucional y fiscal deberían ser exactamente igual a los que dedica a los alumnos de la enseñanza pública. El Estado “se ahorra” por este medio unos 3.000 millones de euros al año, en un ahorro que es el peor que un Estado puede hacer: ahorrar en educación.
Podríamos pensar que estamos ante un nuevo apriete de tuercas presupuestario, de una Administración que solo tiene fondos para lo que le interesa, sin embargo, dicho análisis sería superficial y, por lo tanto, equivocado.
Detrás de esta medida hay un nuevo intento del “Estado Leviatan” de ir usurpando el papel de los padres en algo tan importante y sagrado como es la educación de sus hijos. En efecto, los colegios de iniciativa social suponen un oasis en el afán totalitario de algunos gobiernos por controlar la educación. Esto no es nada nuevo, ya J.J. Rousseau en 1762 escribía en el “Contrato Social”: “El Gobierno debe tratar de moldear no solo las conductas de sus ciudadanos sino su voluntad, sus lealtades y su forma de comprender el mundo y a sí mismos”. Ideas viejas que cual mala hierba nunca muere, y que surgen ahora en este nueva iniciativa del gobierno que ignora el orden natural de las cosas, y que por ello fracasará.
Tendremos que esperar a que un nuevo gobierno aclare definitivamente el inequívoco derecho de los padres y colegios para cubrir de la manera que libremente decidan el déficit originado por la falta de dotación del Estado a los centros de iniciativa social en tanto este déficit persista, derecho que hasta la fecha no ha quedado suficientemente explicito en nuestro ordenamiento jurídico. Mientras tanto, los padres y colegios deberán defender valientemente sus derechos, y con ellos los de sus hijos y alumnos, a recibir libremente – sin trabas ni cortapisas fiscales – la educación que los padres decidan. Pero esto tampoco constituye ninguna novedad, pues hoy más que nunca tiene plena validez aquella frase de Pericles que decía “La libertad es patrimonio seguro solo de aquellos que tienen el valor de defenderla”
Carlos Cremades
Vicepresidente del Foro de la Familia
