La maternidad subrogada, o la práctica de alquilar vientres de mujeres a favor de terceros, consiste en convertir a los seres humanos en una mercancía a través de un acuerdo económico entre una madre que gesta a un niño para luego venderlo normalmente a una pareja que no puede tener hijos.
Esta práctica es un retroceso en materia de derechos humanos permitiendo la compraventa del niño que se gesta y admitiendo el alquiler del cuerpo de una mujer. La legalización de los vientres de alquiler supondría un retroceso que permitiría nuevas formas de explotación de las mujeres, especialmente de las que carecen de recursos económicos, y una apertura de un nuevo mercado de compraventa de niños incompatible con una sociedad civilizada, como ha indicado el Parlamento Europeo en la resolución en la que condenó la práctica de subrogación en diciembre de 2015.
Este proceso no deja de ser un eufemismo para dulcificar o idealizar un negocio de compra-venta de bebés mediante alquiler temporal del vientre de una mujer. No puede haber intercambio de dinero entre la mujer gestante y la persona o pareja que acuda a la gestación subrogada porque el ordenamiento jurídico español no permite el ánimo de lucro en cualquier tipo de donación. Tampoco lo permite el convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina (1997) suscrito por España.
El Foro de la Familia, al igual que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública o la Plataforma ‘No somos vasijas’, rechaza absolutamente la utilización de los vientres de alquiler de las mujeres con fines de gestación para otros. El deseo de paternidad/maternidad nunca puede violar los derechos que asisten a los menores y a las mujeres.
