A fin de que la familia sea reconocida como estructura básica de la sociedad:
Las administraciones públicas deben integrar en sus decisiones y actuaciones la perspectiva familiar, teniendo en cuenta el impacto de las políticas sociales y económicas en las familias con el objetivo último de mejorar sus condiciones de vida.
En el proceso de aprobación de las políticas públicas que afecten a la familia (sociales, educativas, de vivienda, de empleo, fiscales, etc.), deben establecer la obligación de realizar un Informe de Impacto Familiar con el objeto de considerar el impacto social, económico y demográfico de las políticas públicas a largo, medio y corto plazo en el conjunto de hogares, especialmente de los más numerosos o vulnerables.
Asimismo, en la tramitación de las disposiciones generales que afecten especialmente a los derechos de las familias se deberá dar audiencia a las entidades y asociaciones representativas para su participación.
