El texto del artículo 27 aprobado ayer reconoce que «es deber de los padres o tutores de los niños, niñas y adolescentes, orientar la educación sexual integral de sus hijos o adolescentes bajo su cuidado».Con esta resolución del Congreso, organizaciones promotoras del aborto en el país como Promsex, Manuela Ramos, Demus, y las autodenominadas «Católicas por el Derecho a Decidir», que contaron con el apoyo de las congresistas Verónika Mendoza, Doris Oseda, Natalie Condori y Celia Anicama, fracasaron en su intento de insertar dentro de este artículo la entrega indiscriminada de anticonceptivos a menores desde los 14 años, sin el conocimiento de sus padres.
Estos anticonceptivos hubieran incluido métodos invasivos como el dispositivo intrauterino (DIU), inyecciones y la píldora abortiva del día siguiente, hasta llegar a intervenciones quirúrgicas como la vasectomía o la ligadura de trompas.
Las legisladoras apoyadas por las ONGs abortistas también fracasaron en su objetivo de implantar en el Código del Niño y del Adolescente el término «salud sexual y reproductiva», una terminología usada por el lobby anti-vida para camuflar el aborto y la anticoncepción.
La congresista Aurelia Tan de Inafuko, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia en el Congreso de Perú, quien en abril de este año garantizó el respeto a la vida y el rechazo a presiones del lobby abortista, subrayó en la sesión de ayer que «el término ‘salud sexual y reproductiva’ no tiene referencia en nuestra legislación ni en convenios internacionales vinculantes».
Al abordar el tema de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que despenalizó las relaciones sexuales con adolescentes entre 14 y 18 años -argumento utilizado por los promotores del aborto y la anticoncepción- Tan de Inafuko advirtió que ese fallo «no obliga al Estado a facilitar y/o promover» la supuesta «salud sexual y reproductiva» a menores desde los 14 años.
La Comisión de la Mujer aprobó también, en el artículo 4 del Código del Niño y del Adolescente, el reconocimiento de que «el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece y goza de protección especial y privilegiada», a pesar de las objeciones de las congresistas Verónika Mendoza, Doris Oseda y Natalie Condori.
