La retirada de la ley del aborto es realmente singular. Que un partido no cumpla una promesa explícita de su programa electoral no es una novedad. Normalmente suele ser por falta de presupuesto o por no poder convencer a otros grupos parlamentarios, cuyo apoyo necesita para legislar. Pero un gobierno con mayoría absoluta en las cámaras no tiene estas limitaciones en un asunto que no supone ningún gasto, en todo caso un ahorro.
Porque no puede decirse que este aborto de la ley responda a un embarazo imprevisto y no deseado. Más bien era algo prometido y coherente con la línea del partido en este tema. La llamada “ley Gallardón” no era fruto de una simple ocurrencia personal del ministro de Justicia. Cuando se aprobó la ley del aborto del gobierno Zapatero en 2010, los diputados del PP votaron en bloque en contra. Tres meses después, el PP presentaba un recurso ante el Tribunal Constitucional, que aún no lo ha resuelto. El recurso alegaba que la ley actual, que permite abortar libremente en las 14 primeras semanas de gestación y en algunos casos hasta la 22, era “contrario al derecho a la vida tal y como lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en 1985”.
La postura oficial del PP se recogió en el programa electoral en el que se prometía reformar la ley del aborto de Zapatero. Este programa fue respaldado por 10 millones de votos, que dieron la mayoría absoluta en las cámaras al PP en las elecciones de noviembre de 2011. Ya tras el primer Consejo de Ministros, la vicepresidenta confirmó que se modificaría la ley del aborto “en el sentido de preservar el derecho a la vida y garantizar la situación de las menores”. Hubo que esperar hasta diciembre de 2013 para que el gobierno aprobara el anteproyecto de ley del aborto. Había resistencia entre las propias filas del PP, pero cuando en febrero de este año el PSOE forzó en el Congreso una votación secreta que pedía al gobierno la retirada de la reforma, no hubo fisuras en las filas populares.
Ahora, para retirar la ley, el gobierno alega falta de consenso. No hace falta recordar que, gracias a su mayoría absoluta, el gobierno no ha dudado en aprobar sin consenso leyes como la reforma laboral, la educativa, la remodelación de las pensiones, la de justicia universal y tantos recortes presupuestarios que ha considerado imprescindibles, aunque la oposición votara en contra y muchos protestaran en la calle. Si ahora no se atreve a hacerlo, será porque la defensa de la vida del no nacido no le parece un asunto tan indispensable.
Más ridículo resulta que Rajoy diga que no van a hacer una ley para que la cambie de inmediato el próximo gobierno. De entrada, esta excusa parece indicar que espera perder la próximas elecciones. Pero la posibilidad de que una nueva mayoría imponga su ley sirve tanto para el aborto como para cualquier otra cuestión. Desde luego, no tuvo este reparo el gobierno Zapatero cuando aprobó la suya, sin buscar ningún consenso con la oposición.
Ante las dificultades para aprobar la ley, el PP ha reaccionado con la misma mentalidad que la mujer que interrumpe su embarazo, porque han cambiado las circunstancias. El fin justifica los medios. La vida del más débil no cuenta. Lo decisivo es la utilidad inmediata. Con la diferencia de que la mujer decide sobre la vida de un feto, mientras que la abstención del gobierno permite la eliminación de más de 110.000 vidas al año.
Para leer el artículo completo pincha aquí
