El bienestar de los niños, su felicidad, su crecimiento armónico, es algo aceptado y deseado universalmente. Es por lo que se esfuerza la gran mayoría de los padres, de las familias, a costa de su vida misma. Por ello, el anuncio de una Ley para garantizarlo, debería ser motivo de alegría sin reservas. Por desgracia, tras el borrador de 2019 y los anuncios del Vicepresidente en su presentación, son necesarias la reserva y la prudencia frente a ciertos tics ideológicos observados.
La norma presenta aspectos muy necesarios, como la preocupación por la prevención y sensibilización de esta lacra, y la ampliación del plazo para que prescriban delitos que destrozan la infancia y que marca una vida inocente para siempre con cicatrices imposibles de borrar.
Por eso, es aún más triste que la norma pretenda dar al Estado la función de cuidado propia de las familias. Presenta al ámbito familiar como un peligro y rompe la colaboración con las familias de cara a garantizar el bienestar del menor para situarse por encima, en contra de la política en este ámbito seguida hasta ahora. La familia, de nuevo, y como es la norma con este Gobierno, es el enemigo a batir en lo económico -no se computa a partir del cuarto hijo para el Ingreso Mínimo Vital y eliminación de la prestación por hijo a cargo, que sí contaba con todos los niños de la familia-; lo educativo -ataque a la libertad de Educación y a la Concertada- y ahora, en el mismo ser de la familia, en el hogar.
La norma, además, olvida al no nacido en esta protección a la infancia. A pesar de que expertos y pediatras reclamaron la inclusión de violencia prenatal, ha pesado más la ideología y ha quedado fuera. ¿Por qué? Porque reabriría el debate que creen tener cerrado sobre el aborto. Casi 100.000 niños al año en España víctimas de esta violencia contra un indefenso.
Olvida al no nacido
Como en otras leyes de nuevo cuño, se observa que la presunción de inocencia queda en el alambre. El mismo Consejo del Poder Judicial, en el informe que redactó sobre el borrador de 2019 resalta este aspecto, e insta a que sea tenido en cuenta, aunque no parece que así haya sido. La obligación de toda la ciudadanía de denunciar incluso lo que no es motivo de delito, y la garantía de anonimato establecen un clima de sospecha y tensión que no beneficiará a nadie y que puede complicar las relaciones entre la misma familia y el entorno.
También apunta el CGPJ que se han obviado los deberes de los menores respecto a la familia, la escuela y la sociedad, que sí aparecían en los planes estratégicos anteriores o en las normas de protección de este sector de la juventud anteriores. Uno de los derechos fundamentales de los menores es tener deberes, líneas que les hagan ver que viven con otras personas con los mismos derechos, la misma dignidad que ellos mismos.
En lo educativo, la figura del responsable de bienestar y protección resulta preocupante y es necesario aclararlo. ¿Será una persona del centro formada y encargada de este apartado, como puede ser el responsable de Lenguaje, o los coordinadores de etapa? ¿será alguien ajeno al centro? ¿será un comisario político?
La protección del menor, velar por su interés superior, es necesario. Protejamos a los niños CON las familias no CONTRA ellas. Destruir la familia no protegerá precisamente a los menores.
