Vivimos en un determinado momento histórico y en la sociedad en la que nos ha tocado. Es algo que no podemos elegir. Salimos a diario la calle, nos asomamos a los medios de comunicación, acudimos a nuestro trabajo, frecuentamos hospitales, nuestros hijos y nietos van a las escuelas, convivimos con toda clase de personas, y, también, con leyes injustas. Pero en todos esos sitios debemos estar para hacer el bien, mejorar el ambiente y ayudar a cambiar a las personas para que algún día la Justicia impere.
Las leyes son injustas cuando vulneran los derechos fundamentales de las personas. Porque esos derechos, que son el contenido material de la justicia, forman la base sobre la que se construye la sociedad. Por eso, su vulneración desde el poder político es asunto particularmente grave, que un ciudadano jamás debe aceptar.
Recientemente, la Junta de Castilla y León ha hecho público un documento, que, referido a la atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad y alumnado con expresión de género no normativa, constituye un patente ejemplo de cómo, desde el poder, se pueden conculcar los derechos esenciales de una parte muy importante de los ciudadanos, en concreto, de los padres de familia, titulares de un derecho fundamental de enorme importancia: el que reconoce el artículo 27 de nuestra Constitución, que en su apartado 3 obliga a los poderes públicos a “garantizar a los padres el derecho que les asiste para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Es tan importante este derecho que asiste a los padres que ya figuraba recogido en el artículo 2 del Protocolo Adicional 1º, de 20 de marzo de 1952, al Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950.
Porque nos encontramos frente a un documento con una fuerte carga ideológica, que pone en entredicho la neutralidad de los poderes públicos, que, como tales, no pueden decantarse por ninguna ideología. Como ha destacado reiteradamente nuestro máximo intérprete constitucional, la Educación -sobre todo en los colegios públicos, que no pueden tener ideario propio- ha de ser ideológicamente neutral. No puede haber ideologías oficiales que vayan más allá de los propios valores constitucionales, como el respeto a la Ley a los derechos de los demás, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los principios democráticos de convivencia.
El documento castellanoleonés, en fase experimental todavía, será de obligado cumplimiento en los centros educativos de Castilla y León desde enero de 2019, y es una transposición a un documento oficial, de los postulados más radicales de la ideología de género, que hace desaparecer, por ejemplo, la diferenciación natural por sexos, sustituyéndola por el concepto subjetivo de identidad de género. Tanto es así que el centro educativo deberá “evitar realizar actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviera justificada esta diferenciación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o alumno se siente identificado.”
Si este tipo de normativas entran en vigor, los padres de alumnos, las familias, todos los ciudadanos españoles, veremos seriamente comprometido el ejercicio de nuestros derechos humanos básicos. Si un estado impone una determinada ideología, sea la que sea, una determinada visión del mundo, está vulnerando el derecho a la libertad ideológica de los ciudadanos. Y eso no podemos consentirlo.
