Toda persona por el hecho de ser persona tiene una dignidad y, además, en este país está protegida y amparada por la Constitución.
Desde siempre los homosexuales han sido despreciados, maltratados e incluso en algunos países asesinados por este motivo. Por tanto, el empeño de reivindicar sus derechos, que desde hace un tiempo vienen exigiendo, es comprensible. Igual que es comprensible que cualquier colectivo que sea discriminado reivindique y exija protección por parte del Estado.
Sin embargo, la delicada reivindicación de la dignidad se mezcla en este tema con lo que muchos homosexuales no entienden ni comparten y es la banalización de algo tan delicado e íntimo como es la sexualidad.
Las fiestas del orgullo gay se han convertido en manifestaciones carnavalescas de algo tan privado como es la sexualidad humana. Pero el problema viene cuando los poderes públicos invierten una parte muy importante de sus presupuestos en financiar este tipo de celebraciones que en la mayoría de los casos no representan a la mayoría de los gais y lesbianas.
Parece ser que nuestros políticos actualmente están más pendientes de organizar estas fiestas de pandereta que de atender las verdaderas necesidades sociales que azotan nuestro país. ¿Es necesario que gasten el dinero público en una fiesta que no está del todo claro que todos los ciudadanos quieran? ¿Por qué se gastan nuestro dinero en algo que la mayoría de la población, tenga el sexo que tenga, no lo necesita ni le interesa?
La sociedad demanda otro tipo de ayudas que, sin embargo, no dan: ayudas a las madres, a las personas dependientes o a las familias. Ayudas para poder desempeñar la conciliación laboral y familiar, ayudas para guarderías, ayudas a los jóvenes para poder plantearse temas más profundos que la simple duda de “si el mes que viene seguiré trabajando”.
Desde el Foro de la Familia no nos oponemos a que se defienda al colectivo homosexual y condenamos toda violencia que suponga el ataque a estas personas por su orientación sexual, pero sí nos oponemos a que dilapiden nuestro dinero en lo que no necesitamos. Los poderes públicos tienen la obligación de trabajar por el bien común de todos y parece que esto se les ha olvidado.
