Las próximas elecciones locales y autonómicas son de nuevo una ocasión estupenda para que los ciudadanos comprometidos con la familia, la libertad y la vida hagan oír su voz exigiendo a sus representantes políticos un compromiso activo con leyes y políticas que protejan la familia, el derecho a la vida y la libertad de educación. No podemos olvidar que las Comunidades Autónomas en España administran y tienen competencias sobre sectores básicos que afectan profundamente a la familia como son la sanidad y la educación. Ahí tenemos el ejemplo de las Comunidades Autónomas que han hecho suya la ILP RedMadre frente a las que la han rechazado o el ejemplo de las Comunidades Autónomas que de forma sistemática limitan la libertad de enseñanza en sus criterios sobre la admisión de alumnos en los centros y sobre conciertos y aquellas otras que, al revés, aplican criterios más favorables a la libertad de enseñanza.
En muy breve tiempo los partidos políticos tendrán que formulas sus programas electorales y habrá que buscar todos los medios para hacerles llegar que somos muchos los ciudadanos que tendremos en cuenta a la hora de decidir nuestro voto lo que hacen y opinan sobre las cuestiones esenciales e irrenunciables que afectan al matrimonio, el derecho a la vida y a la libertad de educación. Todo proceso electoral es una exigencia de responsabilidad para todos los ciudadanos, pues al final somos todos nosotros con nuestra abstención, con nuestro voto, los que determinamos en gran medida quién y como Gobierna.