El nuevo Gobierno del PP estará ya trabajando en la modificación de la legislación vigente sobre el aborto comprometida en su programa electoral. Es buen momento, por tanto, para reflexionar sobre qué criterios deben inspirar la nueva normativa a aprobar. Una buena guía para ello puede ser un texto de la actual Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentado el 16 de febrero de 2009 ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados como Voto particular al Informe de la Subcomisión sobre la aplicación de la legislación en materia de aborto. Las ideas contenidas en ese escrito de la actual Vicepresidenta del Gobierno son un razonable fundamento para un primer paso hacia la imprescindible reconstrucción en España de una legislación coherente con el nítido “todos tienen derecho a la vida” que proclama nuestra Constitución, mandato progresivamente desvirtuado a partir de 1985 por el legislador y la jurisprudencia del TC.
Comienza el escrito de Soraya (ya se la puede identificar solo por su nombre) afirmando que “El PP ha defendido, defiende y defenderá siempre el derecho a la vida”, respecto al cual manifiesta “una vez más su compromiso ético y político”. Tras esta proclamación de principios, el texto de Soraya afirma que “la sociedad está preocupada por el incremento del número de abortos”, que “el aborto es malo para la mujer” y “algo que es malo para la mujer no puede ser considerado nunca como un derecho”, que “Una mujer es madre si ha concebido. Su libertad no consiste en decidir si es madre, pues ya lo es, sino en decidir si va a ser madre de un niño vivo o muerto”, que “las mujeres abortan en casi la totalidad de los casos porque no se les ofrece una alternativa para no hacerlo”, que “existe un amplio fraude de ley en la aplicación de la legislación vigente” (la de 1985) y que “la doctrina del Tribunal Constitucional es incompatible con una ley de plazos”.
Las anteriores afirmaciones rubricadas por Soraya creo que son una estupenda guía para la comprometida reforma de la legislación sobre el aborto que el PP hoy gobernante incluyó en su programa electoral. Además, el citado texto de Soraya rechaza con rotundidad la nueva legislación socialista de 2010 al afirmar que “nos oponemos al reconocimiento del derecho al aborto (…) y a que esta materia salga del Código Penal”, “nos oponemos a que ese reconocimiento se traduzca en un sistema mixto de plazos e indicaciones que en la práctica represente un sistema de abortos libres”, “no debe eliminarse el consentimiento de los padres para la práctica del aborto en menores de edad”, “no debe limitarse el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales mediante una regulación restrictiva que incluyera una declaración previa y su inscripción en un registro”.
En positivo, el texto de Soraya afirma con rotundidad el que puede ser principio fundamental de la nueva legislación a promover: “El verdadero derecho de la mujer es el derecho a ser madre. Ninguna mujer debería renunciar a su maternidad por un conflicto familiar, laboral o social. (…) Nuestro objetivo ha de ser éste: facilitar con todo tipo de medidas la maternidad, no el aborto, apoyar a las mujeres en su derecho más íntimo, y evitar hacerlas víctimas del abandono de toda la sociedad”. Y, en desarrollo de ese principio, ofrece una serie de ideas que pueden inspirar la nueva legislación prometida por el PP: “es imprescindible poner el acento en las políticas de formación, información y prevención”, “es necesario hacer pedagogía pública contra el aborto porque todos sabemos , y ha quedado ampliamente demostrado, que el aborto no es una solución, es un problema, y acarrea siempre consecuencias muy negativas para las mujeres”; y propone como alternativa el “apoyo social y de los poderes públicos a la maternidad” a través de un “Plan Nacional de Apoyo a la Maternidad”, poniendo como ejemplo y precedente “el programa RedMadre que promueve el Foro Español de la Familia y que ha dado lugar ya a la aprobación de iniciativas públicas en el ámbito autonómico de apoyo a la maternidad”.
Estas ideas sobre el aborto pueden ser línea directriz para la reforma de la legislación vigente que es urgente pues, como indicó el recurso ante el TC del PP, cada día de vigencia de la ley es un insoportable riesgo para un derecho fundamental y los atentados contra el mismo son absolutamente irreparables.
El PP, que argumentó ante el TC que su recurso contra la “ley del aborto” debería recibir un tratamiento preferente y sumario porque estaban en juego vidas humanas, no puede ahora demorar la derogación de esa misma ley y su sustitución por nuevas normas que protejan convenientemente la vida y el derecho de la mujer a la maternidad.
Benigno Blanco Rodríguez
Presidente del Foro Español de la Familia
ABC, 13 de Enero 2012
