Llevamos un tiempo, especialmente tras el parón estival, en que raro es el día en que algún político no mencione a las familias como una de las prioridades de su partido y se llene la boca proponiendo medidas, planes o incluso leyes para «apoyar y/o ayudar» a esta institución.
El Gobierno nacional del PSOE y su colaborador necesario Podemos han llegado a presentar unos presupuestos con importantes apartados de ayuda a las familias especialmente en lo referente a pobreza enérgética o para ayudar a las familias más desfavorecidas y a monoparentales. Iniciativa loable, pero con bastantes ‘tics’ electoralistas y sin explicar cómo va a afrontar el país el gasto que suponen.
A partir de aquí, cada grupo habla de su apoyo a las familias a su manera. Desde la derecha, peleándose incluso por ver quién es el «más familiar»; desde el centro y la izquierda, proponiendo iniciativas para facilitar la vida a las familias… pero sin citar la palabra hasta que se comienza a leer el texto.
Incluso se están cocinando varias leyes de familia. En Baleares ya se ha aprobado una, en la que el Gobierno insular coló el aborto como derecho. Aragón, también desde la izquierda ha presentado un borrador con medidas muy interesantes, pero en un documento lleno de idología y juicios peyorativos sobre lo que ellos llaman «la familia tradicional».
¿Y las CCAA del Partido Popular? En Murcia se está terminando una, pero no termina de arrancar. Desde el grupo parlamentario popular Isabel Borrego propuso una Ley que responde a muchos de los puntos que desde nuestra organización venimos reclamando desde hace mucho, lanzada cuando los populares han perdido el poder, y no cuando pudieron haberla hecho una realidad con una partida presupuestaria detrás.
Volvemos a estar en periodo electoral. No sólo por las andaluzas, ya con fecha, sino por todo lo que viene en 2019. Las familias estamos acostumbradas a ser la estrella de las campañas, pero las primeras olvidadas cuando se alcanza el poder.
Necesitamos realidades, algo tangible. Con su asignación presupuestaria clara y precisa, con las ideas claras de dónde se sacará el dinero y la posibilidad de que se mantenga en el tiempo. Que se tenga claro que lo que llaman «ayuda» es «inversión«. Porque lo que los poderes públicos gastan en cada hijo les es devuelto quintuplicado por éste durante su vida adulta.
Por eso, en lugar de llenarse la boca con lo que harán, que vayan haciendo. La defensa de la mujer embarazada cuenta con leyes aprobadas en casi todos los Parlamentos Autonómicos que siguen sin desarrollarse o apenas se han desarrollado. También las del Partido Popular. Ponerlas a rodar sería una de estas medidas que nos permitirían ver que hay algo más detrás. O una defensa real del derecho de los padres a educar en libertad a sus hijos. No se trata sólo de respaldar a los centros concertados, sino de cuidar lo que se imparte en las aulas. De respetar las creencias y valores de los padres y evitar que se les imponga una visión partícular de la sexualidad.
