Cuando la Constitución Española reconoce y garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, lo que pone de manifiesto es que la educación y formación de los hijos es algo de tal importancia para la sociedad que debe respetar y garantizar que sean las personas que más quieren a esos nuevos ciudadanos los que se encarguen de ese cometido.
Los padres, cuando procrean un nuevo hijo lo hacen por amor y con el deseo de procurar lo mejor para la nueva persona. Por ello, desean darle aquello que pueda generarle felicidad, no que pase un rato agradable, sino que se sienta bien consigo mismo, con su actuación y que ese sentimiento le dure toda la vida.
Es obvio que para la transmisión del conocimiento, de las diversas materias y herramientas que ayuden a la comprensión, utilización y desarrollo del entorno, el nuevo ciudadano debe contar con la ayuda de expertos. Y en estos campos muchas veces los padres estarán limitados para asegurar un progreso adecuado.
Pero para lo que los padres no tiene ninguna limitación, ni pueden permitirla, es para demandar de la sociedad, de los poderes públicos y, muy singularmente, de las autoridades docentes su no interferencia con las convicciones que en el ámbito religioso y moral desean para sus hijos; este ámbito de la formación de la conciencia está vedado a la actuación de terceros si interfiere con el criterio de los padres
La propia Constitución, y en el mismo artículo 27, además de exigir a los poderes públicos que garanticen el derecho de todos a la educación, expresa que naturalmente tal educación debe respetar los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Pero al mismo tiempo el mismo texto constitucional obliga a armonizar esa actuación de los poderes públicos con el respeto al principio fundamental de libertad ideológica y religiosa de las personas.
Por eso, desde el Foro de la Familia se demanda la necesidad de un Pacto de Estado en materia educativa que garantice que, gobierne quien gobierne, nunca utilizará la educación como instrumento de manipulación sea con fines políticos, culturales o ideológicos.
Al mismo tiempo, el Foro de la Familia pide que pueda ser efectiva la autonomía de los padres para elegir con libertad el centro de enseñanza para sus hijos. Esto comporta que, además de un cumplimiento riguroso del principio de gratuidad, cada centro de enseñanza debe establecer su proyecto educativo y su ideario de forma que tal proyecto y tal ideario constituyan un compromiso irrevocable entre el centro y los padres que libremente lo elijan al tiempo que una obligación de cumplimiento por parte del personal docente y por el resto de los que desarrollan su actividad laboral en ese centro.
