Por Benigno Blanco
Las reacciones virulentas del progresismo oficial ante la constatación por parte del Obispo Reig Pla de que en el matrimonio hay mucha menos violencia doméstica que en las relaciones de hecho, han puesto de manifiesto una vez más uno de los problemas más serios de la política española actual respecto a la familia: la priorización de los prejuicios ideológicos frente a los hechos.
Es evidente que hay personas que deciden casarse tomándose en serio su compromiso matrimonial y su responsabilidad de crear vida y acogerla en un hogar estable; y personas que optan por otros modelos de conducta y relaciones. Este es un dato. Pero no es un dato, sino un prejuicio ideológico, afirmar que todo es igual y que para la sociedad tienen el mismo valor e interés cualesquiera conductas y relaciones.
La ideología oficial (la del seudoprogresismo laicista de género) lleva a afirmar que es lo mismo un compromiso estable y serio de vida en común abierto a la vida y jurídicamente blindado que la relación de hecho y sin compromiso; que es lo mismo la unión de un hombre y una mujer que la de dos personas del mismo sexo; que la protección jurídica del vínculo matrimonial es peor que la garantía del divorcio exprés; que merece más protección y financiación pública el aborto que el derecho a ser madre; que el Estado garantiza una mejor educación que los padres; que para el niño es igual tener padre y madre que dos personas del mismo sexo a título de padres; que la violencia en el hogar es fruto de una estructura de clases y de poder en las relaciones entre hombres y mujeres. Estos –y otros similares- son prejuicios ideológicos que no se corresponden con los hechos, pero los defensores de las ideologías antifamiliares no están dispuestos a que los hechos les estropeen su teoría; por eso ocultan los hechos, manipulando incluso las estadísticas oficiales, y denigran a quienes los recuerdan.
Las leyes vigentes en materia de familia responden por desgracia a los citados prejuicios ideológicos y no a los hechos. Por eso esas leyes hacen tanto daño a la familia. Hay que volver a legislar atendiendo a la realidad de las cosas y para eso hay que mirar sin miedo esa realidad; hay que estudiar los hechos y no negarlos frívolamente para sentirse cómodo en la propia teoría sin asumir el riesgo de contrastarla con la vida real; hay que tirar al cubo de la basura de la historia la ideología antifamiliar de género y volver a observar qué pasa en la vida de las personas y las sociedades cuando viven en familia mayoritariamente o cuando fracasa el intento de construir familia en proporciones relevantes.
Cuando se mira la realidad de las cosas se comprueba que una sociedad con muchas familias estables es una sociedad más sostenible, una sociedad que genera más bienestar para la generación actual y deja un mundo mejor para las generaciones futuras. Matrimonios estables quiere decir personas en clima de acogida permanente, ajenos al fracaso personal que todo divorcio supone; por eso la ley debe primar la protección del matrimonio y no facilitar el fracaso que supone el divorcio. La unión entre hombre y mujer crea el ambiente ecológicamente idóneo para la vida; por eso la ley debe singularizar su regulación en clave tuitiva sin confundirla con otras cosas distintas como las uniones de personas del mismo sexo. Educar es labor de amor que comienza antes de la escolarización y continua después de la misma; por eso el Estado debe amparar y proteger el derecho de los padres a educar sin pretender sustituirlos. Dar vida es un inmenso bien personal y social; por eso la ley debe proteger la vida y el derecho a ser madre y no amparar y financiar el inmenso drama humano y vital del aborto. El proceso de socialización humana de los menores se facilita en un ambiente de acogida estable articulado alrededor de la dualidad hombre-mujer; por eso la ley debe primar la maternidad y la adopción matrimonial.
La familia que funciona es fuente de estabilidad personal y genera vida haciendo sostenible el futuro de la sociedad (y de las pensiones, por cierto). El matrimonio estable crea el ambiente más idóneo para educar en humanidad y sentido del compromiso y la responsabilidad a las nuevas generaciones y ayuda a que haya menos fracaso escolar, drogadicción, violencia y alcoholismo entre los menores y adolescentes. La familia estable es la verdadera “seguridad social” que acoge y cuida siempre al enfermo, al parado, al anciano; y lo hace con inmensa eficacia y con un coste que si se traslada al Estado es literalmente inasumible como demuestra la crisis actual. El matrimonio comprometido genera una dinámica de mutuo apoyo y generosidad compartida que desincentiva la violencia y otras patologías que aparecen con más frecuencia en estructuras inestables y de conveniencia más dependientes de los avatares de las dinámicas de poder egoista y lucha de intereses. Estos son los hechos constatables aunque estropeen teorías políticamente correctas de moda.
Lo razonable sería que las leyes y las políticas públicas primasen e incentivasen lo que funciona, lo sostenible, sin perjuicio de contemplar los fracasos que la libertad humana hace inevitables. Este es el reto de una verdadera política familiar para una época de crisis: construir de nuevo sobre los hechos, sobre la realidad, dejando de lado las ideologías absurdas.
ABC, 3 de enero de 2011
