Galicia ha sido la primera comunidad autónoma que ha aprobado una iniciativa de este tipo, titulada “Ley por la igualdad de trato y no discriminación de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales”. Cataluña podría sumarse en breve. Extremadura y Valencia también están considerando proyectos similares. Y Andalucía está a punto de aprobar otra iniciativa antidiscriminación, centrada en los transexuales.
Benigno Blanco, abogado y presidente del Foro de la Familia, ha estudiado en profundidad estas leyes y cree que en poco tiempo se plantearán otras parecidas en las demás comunidades autónomas.
Una cosa es luchar contra la discriminación, y otra pretender adoctrinar en asuntos referentes a la afectividad y la sexualidad
“El modelo es siempre el mismo: los partidos de la izquierda radical (BNG, IU, ERC y PSOE) presentan una proposición de ley según un modelo predeterminado elaborado en algún laboratorio de pensamiento LGTB y la ley se aprueba sin mayor debate y al margen de la opinión pública”, explica Blanco en Páginas Digital.
Todos iguales ante la ley
El abogado asturiano cree que las leyes antidiscriminación que se han planteado en España tienen un error conceptual de partida: considerar que hay personas LGTB, como si fueran una categoría aparte “con derechos distintos y más potentes que los demás”. En efecto, el ordenamiento jurídico español ya prevé medidas para garantizar que todos los ciudadanos tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley.
Unido a lo anterior hay otro error de fondo: “Se pretende dar el mismo tratamiento a la persona, a su comportamiento sexual y a ciertas opiniones (las del movimiento LGTB) sobre la sexualidad, cuando de hecho son cosas distintas”.
“A la persona hay que respetarla siempre; y respecto a ella no caben discriminaciones de ningún tipo. Las conductas sexuales, por el contrario, son respetables si no incurren en materia delictiva pero no es discriminatorio un juicio crítico sobre ellas. Respecto a las opiniones en materia de sexualidad, se aplica la libertad de pensamiento e ideológica sin más límites que los generales de estas libertades”.
La experiencia de otros países muestra que las medidas antidiscriminación se pueden usar para negar al discrepante derechos y libertades básicos
Prohibido discrepar
La confusión que traen estas leyes es peligrosa porque puede llevar a censurar e incluso a perseguir las opiniones contrarias a la visión de la sexualidad defendida por el colectivo LGTB.
Lo que pretenden estas leyes –dice Benigno Blanco– “es privilegiar una ideología y una forma de entender la sexualidad, imponiéndola coactivamente al resto de la sociedad, como si discrepar de esa ideología fuese discriminar a las personas que viven conforme a ella”.
Según esta visión cada cual puede elegir su propia identidad y orientación sexual con independencia de su sexo biológico; en consecuencia, la distinción entre hombre y mujer es arbitraria, y todas las prácticas sexuales son igualmente válidas (cfr. Aceprensa, 15-04-2014).
Al suprimir la libertad para cuestionar esa concepción de la sexualidad, Blanco ve en esas leyes “una amenaza fundada al ejercicio de los derechos constitucionales básicos” de quienes no están de acuerdo con la ideología de género.
La experiencia de países como EE.UU., Canadá o Reino Unido muestra que las medidas antidiscriminación se pueden usar para restringir derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la objeción de conciencia o el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones (cfr.Aceprensa, 5-03-2014 y 1-04-2013).
Las leyes obligan a las administraciones públicas a hacer visible la ideología LGTB en todos los ámbitos sociales
Trato de favor y adoctrinamiento
Pero las leyes españoles dan un paso más. No solo impiden las críticas contra una determinada visión de la sexualidad: también pretenden “obligar por ley [a las administraciones autonómicas] a hacer visible en todos los ámbitos sociales” esa manera de entender la sexualidad.
