El Foro de la Familia lleva años pidiendo la creación de una Secretaría de Estado de la Familia, de manera que cualquier medida deba ser transversalmente examinada en la forma que pudiera afectar a la vida familiar para su posterior conformidad.
¿Cómo puede ser que los alumnos para ir de excursión o hacer una salida cultural tengan que llevar firmada una autorización de sus progenitores para la actividad propuesta por el colegio o instituto y, sin embargo, no sea preceptivo pedir el consentimiento de los padres a la hora de decidir si quieren o no que a sus hijos se les impartan clases de educación afectivo sexual?
Para la aprobación de cualquier proyecto de obra civil, se exige un estudio de impacto ambiental, mientras que para promulgar leyes como la recientemente aprobada por la Asamblea de Madrid, se prescinde de la opinión de los padres.
Además, en un tema tan personal del ser humano, todos los partidos, ¡todos!, deberían haber dejado libertad a los políticos para votar en conciencia esta ley.
No dejan de proclamar la importancia que para sus programas políticos tiene la familia, sobre todo en campañas electorales y en declaraciones ante los medios de comunicación, sin embargo, no lo demuestran con sus acciones. Poco les importa la institución familiar y se equivocan gravemente. Para ellos, el medio ambiente es más importante que la familia.
Mientras tanto, la política local sigue su curso. En Comunidades Autónomas como Madrid, Galicia, Extremadura, Baleares, Cataluña, Murcia y, próximamente, Valencia se han promulgado leyes a espaldas de los padres entrometiéndose en su responsabilidad educativa.
Nos preguntamos si los legisladores, antes de promover o promulgar una ley, profundizan suficientemente en las consecuencias que pudiera acarrear sobre otros aspectos de la vida de los españoles.
