«Estamos estudiando, en el marco de las comisiones de Discapacidad y del Pacto de Toledo del Congreso, dentro del Plan Integral de Apoyo a la Familia, la ampliación de permisos para los casos de familias con hijos discapacitados», explicó.
Al mismo tiempo, afirmó que también se prevé diseñar un estatuto de incentivos a la contratación de personas con discapacidad, especialmente de aquellos cuya integración laboral es más difícil y, en el marco de la Administración Central, promover el plan «Moncloa 5 por ciento», cuyo objetivo es cubrir las plazas a la que está obligada esta Administración por imperativo legal.
Todas estas medidas de fomento al empleo estarán incluidas, como comentó, en el Plan Estatal de Promoción y Formación para el Empleo (2004-2008), que contará además con un programa de alfabetización digital para discapacitados. La secretaria de Estado esbozó también el Plan de Acción para Mujeres con discapacidad, que «contemplará medidas para favorecer el empleo, la formación y la conciliación de la vida familiar y laboral, así como acciones específicas para este colectivo en el mundo rural».
RED DE SERVICIOS SOCIALES Otro de los ejes que Valcarce puso de manifiesto es el desarrollo de acciones que garanticen la accesibilidad tanto en los edificios públicos como en la propia vivienda. Finalmente, esbozó la intención del Ejecutivo de desarrollar una Red de Servicios Sociales que cubra las necesidades de todas las personas con discapacidad grave así como la extensión del sistema de asistencia al resto del colectivo.
«Estamos muy lejos de los niveles de protección a las personas con discapacidad de los países de nuestro entorno –lamentó–. Y estas diferencias han aumentado con los años, ya que si en 1994 dedicábamos un 24 por ciento del PIB a gasto social, en 2002 este porcentaje se había reducido al 19,2 por ciento). Otro de los aspectos destacados por la secretaria de Estado fue el menor nivel educativo de los discapacitados españoles: «uno de cada tres discapacitados entre 10 y 54 años no ha terminado sus estudios de primaria».
La presidenta de la Comisión de Trabajo de Salud, Consumo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura del CES, Almudena Fontecha, enumeró las principales conclusiones del estudio, aprobado por el pleno de este organismo el 18 de diciembre de 2003, coincidiendo con la celebración del Año Europeo de la Discapacidad. En primer lugar, alertó sobre la falta de estadísticas fiables y homogéneas que permitan llevar a cabo un estudio de comparación evolutiva e internacional.
En el ámbito sanitario, el CES echa en falta, según explicó, la existencia de políticas de atención específicas de cada discapacidad.
En la educación, hay que mejorar el sistema de alumnado discapacitados integrados en centros ordinarios. Fontecha también comentó que en el mundo laboral es necesario que los servicios públicos de empleo sepan casar los perfiles demandados por los empresarios con los de las personas con discapacidad para fomentar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por ciento de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
REGISTRO DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Al mismo tiempo, puso de manifiesto que los centros especiales de empleo no están cumpliendo con su labor de servir de puente entre el empleo protegido y el ordinario para las personas con discapacidad y sugirió la creación de un Registro de estos centros. En el apartado económico, el CES pide que el criterio de concesión de la pensión no contributiva por invalidez se establezca en función de los ingresos exclusivos del beneficiario para garantizar su independencia y que se establezca alguna ayuda económica para los discapacitados que no pueden optar a ella.
En el ámbito de los servicios sociales, Fontecha señaló un déficit de atención a los discapacitados por escasez de recursos y una necesaria coordinación que debería establecerse en una Ley Básica de Servicios Sociales. En accesibilidad, el CES considera que deben reducirse los plazos de eliminación de barreras arquitectónicas previstos en el Plan de Accesibilidad hasta 2012. Finalmente, reclama un Consejo Nacional de la Discapacidad en el que agentes sociales y representantes de la discapacidad debatan y evalúen las acciones del Gobierno y que sea interlocutor de éste.
El informe toma como referencia la última encuesta de discapacidad de 1999, que cifra en 3,5 millones las personas que en España sufren algún tipo de discapacidad. En el acto de presentación participó también el presidente del CES, Jaime Montalvo, y los consejeros Blanca Villate, Roberto Suárez e Ignasi Faura.
