Madrid, 3 de diciembre de 2009.- Con motivo de la celebración de Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Foro de la Familia quiere hacer una llamada a las administraciones publicas para que se siga mejorando el marco jurídico de protección a las personas con discapacidad, ayudando a que desaparezcan las discriminaciones todavía vigentes en la vida laboral y perfeccionando los sistemas asistenciales públicos que ayuden a superar las dificultades que para las familias y las personas sigue en muchas ocasiones representando la discapacidad.
En un día como hoy en que toda la sociedad debe movilizarse para aumentar la concienciación publica sobre los derechos de las personas con discapacidad resulta imprescindible, dado el debate en el Parlamento de la nueva ‘Ley del aborto’, denunciar que la nueva ley incorpora una profunda discriminación de tipo eugenésico contra los discapacitados en cuanto al derecho a la vida. El artículo 15 del Proyecto de Ley prevé expresamente que se podrá practicar el aborto por motivos eugenésicos contra aquellos no nacidos en que se detecte anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades graves e incurables y además sin límite de plazo alguno, a la vez que mantiene el aborto durante las 22 primeras semanas de gestación cuando exista un riesgo de graves anomalías en el feto.
El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, señala que “estas previsiones de la Ley son incompatibles con la prohibición de toda discriminación a las personas con discapacidad por razón de su discapacidad y van en contra expresamente de lo previsto en la ‘Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’ de 13 de dic de 2006 que ha sido suscrita por el Reino de España y en la que se reconoce el derecho a la vida de todas las personas con discapacidad”.
Además, Benigno Blanco destaca que “a estas alturas del siglo XXI aprobar una Ley en la que se niega el derecho a la vida a los discapacitados aun no nacidos por el hecho de su discapacidad resulta algo incomprensible, pues supone (más allá de la gravedad intrínseca a todo aborto) una discriminación sin justificación razonable alguna y que viola los compromisos internacionales de España en materia de protección de los derechos de estas personas con discapacidad”.
Permitir el aborto por anomalías fetales o enfermedades graves e incurables supone legalizar una especie de eutanasia prenatal.
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