El debate en torno a la reforma de la actual ley del aborto, propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue generando posiciones a favor y en contra, aunque cada vez son más los organismos que redactan informes al respecto favorables a la vida.
En este sentido, los últimos conocidos, el del Consejo Fiscal y el del Comité de Bioética, avalan por amplia mayoría la legislación del aborto que propone Gallardón. Además, en los dos casos se hacen observaciones que tienen que ver con más restricciones ante determinados abortos o con ayudas a la maternidad.
Consejo Fiscal: el aborto no es un derecho
Por parte del Consejo Fiscal, el debate sobre el informe redactado sobre la futura ley del aborto que impulsa el Gobierno, que sustituye la actual normativa de plazos por otra de supuestos, se saldó este martes, 3 de junio, con los votos a favor de ocho de los doce fiscales que forman este organismo.
Este órgano consultivo apoya la supresión del sistema de plazos porque considera que hay que proteger la vida del nasciturus y porque niega que el aborto sea un derecho de la mujer.
Votaron favorablemente al informe, firmado por Torres Dulce, los seis fiscales de la asociación conservadora más el fiscal general del Estado y el teniente fiscal. Por su parte, los tres representantes de la Unión Progresista de Fiscales (Sofía Puente, Fernando Rodríguez Rey y Eduardo Esteban) y el fiscal jefe de la Inspección anunciaron votos particulares a un texto que será remitido al Gobierno en los próximos días.
Además, la propuesta de los fiscales conservadores incluye que, en el caso de la interrupción voluntaria de menores sin
autorización paterna, no fuera necesario acudir a juicio; y que se introduzca algún tipo de penalización en forma de multa para las mujeres que decidan abortar sin cumplir las condiciones que establezca la normativa para hacerlo.
El texto dice que la ausencia de reproche penal para la mujer que aborta «supone un recorte cualitativo de la protección penal de la vida del nasciturus y puede entenderse como incoherente con los principios de la norma y el marco constitucional».
Al mismo tiempo, la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, del asesoramiento asistencial y de información clínica merece para el órgano consultivo una «favorable acogida en la medida en la que mejora la regulación vigente».
Comité de Bioética: más «apoyo a la maternidad»
Por su parte, el otro aval a la reforma de la actual ley del aborto proviene del Comité de Bioética, el organismo al que el Gobierno pidió un informe sobre el texto propuesto por Gallardón.
Así, el Comité ha publicado este martes su dictamen, que apoya con nueve votos a favor y tres en contra la nueva ley. Además, el informe advierte de que la reforma solo podrá hacer realidad sus objetivos de reducir el número de abortos si se elabora y pone en marcha “una política explícita de apoyo a la maternidad”.
Dentro de esas ayudas, el informe recomienda revisar la cartera de servicios para ayudar sobre todo a mujeres en circunstancias extremas.
En opinión del Comité, hacen falta políticas que las ayuden a «no tener que tomar la decisión de interrumpir su embarazo» y, general, aumentar y extender las políticas de ayuda económica y social a la maternidad, como ya se viene haciendo en numerosos países europeos.
«Este Comité valora positivamente el cambio de modelo que se establece en el anteproyecto frente al modelo vigente, al considerar que permitir el aborto durante las primeras catorce semanas de gestación, sin alegar causa que lo justifique, supone una desprotección absoluta del ser humano», sostiene el texto aprobado.
Por otro lado, considera que la información y el apoyo a las mujeres que deciden interrumpir definitivamente su embarazo no debe terminar en el momento en el que éste se produzca, sino que debe ir más allá. «La realidad demuestra que estas mujeres, como ellas mismas manifiestan en muchos casos, pueden necesitar apoyo psicológico para superar las consecuencias de una decisión que en muchos casos no hubieran querido tomar», destaca.
«Las disposiciones tomadas en la Ley vigente parecen insuficientes para la protección adecuada de los bienes jurídicos en juego en la interrupción voluntaria del embarazo», concluye el informe.
En el otro extremo, los miembros del Comité discrepantes reclamaron que la malformación fetal se añada como tercer supuesto para poder abortar.
Cabe recordar que el Comité de Bioética está formado por 12 consejeros nombrados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y por el Gobierno.
