JUSTIFICACIÓN
Como Uds. bien saben, las ILPs son una de las formas más democráticas de participación de los ciudadanos en la vida pública. En ellas, la iniciativa surge de los propios ciudadanos, y son ellos los que, sin mediatización alguna, proponen directamente al Parlamento la regulación de alguna área que consideran importante.
Pues bien, más de 21.000 ciudadanos de todos los colores políticos, edades y sensibilidades nos estamos dirigiendo a Uds. porque hemos detectado un problema grave y les pedimos que pongan los medios para resolverlo. Hemos percibido la situación de injusticia que se produce cuando, ante un embarazo imprevisto, las mujeres nos quedamos solas y sin apoyos para resolver positivamente los problemas bien reales que se ocasionan, especialmente cuando concurren circunstancias como falta de integración familiar, minoría de edad, posibilidad de abandono de los estudios, precariedad laboral, necesidad de recursos económicos, abandono o irresponsabilidad del padre, la amenaza expresa o probable pérdida del puesto de trabajo u otros problemas de integración social, como los asociados a la inmigración.
En estos casos, hablamos de la libertad de la mujer para elegir. Somos muchos los que constatamos que esa libertad sólo existe sobre el papel, que las mujeres embarazadas en las situaciones antes descritas carecen de opciones reales donde escoger. Nuestra sociedad no está ofreciendo frente al aborto alternativas positivas serias, consistentes y bien articuladas. No se está colocando al lado de estas mujeres para preguntarles: ¿qué necesitas para tener a tu hijo?, ni haciendo una apuesta radical por la vida de ambos.
De esta forma, las mujeres nos convertimos de nuevo en víctimas de otra forma de violencia de género. Violencia ejercida a veces sutilmente, como cuando el acceso a las ayudas se convierte en un proceso kafkiano o éstas son insuficientes. Ejercida otras veces con desfachatez mediante la presión, psicológica o directamente física, de la familia, el compañero o el empleador.
Por tanto, pedimos a este Parlamento que se implique activamente para que ni una sola mujer embarazada en Galicia se vea en tal situación de soledad, falta de asistencia y carencia de ayuda solidaria que no pueda ejercer su derecho a ser madre y así decidirse con verdadera libertad.
RESUMEN DEL CONTENIDO
Por ello, les proponemos la aprobación de una serie de medidas positivas, prácticas y fáciles de implantar que, respetando la decisión de la mujer, le proporcionen alternativas reales para tener a su hijo.
Estas medidas están enfocadas hacia los grupos que, de acuerdo con la experiencia de las entidades asistenciales y los datos estadísticos, son más afectados por la falta de oportunidades: mujeres con dependencia económica, especialmente emigrantes, y adolescentes.
Resumidamente, esta ley propone la creación de una red de protección de las mujeres embarazadas, para que la decisión de la maternidad no suponga un coste inasumible, un descastamiento, un tirarse al vacío sin red. Esta ley quiere ser esa red, tejida con una serie de medidas entre las que cabe destacar:
-Creación de centros de asistencia y asesoramiento a la mujer embarazada (para lo cual pueden utilizarse los CIM ya existentes) que proporcionen información detallada sobre los recursos de protección social existentes en todos los ámbitos, y ayuden en su tramitación y gestión.
– Establecimiento de la prioridad de las embarazadas para acceder a las prestaciones asistenciales de la Comunidad Autónoma de Galicia, siempre que sean adecuadas a su situación.
-Medidas especiales para las embarazadas adolescentes, especialmente en cuanto a favorecer la continuidad de sus estudios.
-Un teléfono de acceso general gratuito que permita a cualquier embarazada conectar con la red de apoyo regulada en la presente ley.
-Implicación de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma en la difusión de la existencia de esta red de apoyo a la mujer embarazada, y su colaboración activa en la aplicación y eficacia de la red.
Hemos hablado del origen de esta iniciativa y de su contenido. Ahora Uds. podrían decirse: su origen es legítimo y su contenido bienintencionado. Pero hace falta algo más para aprobar una ley. Esta propuesta que hoy discutimos:
– ¿Es buena?
– ¿Es necesaria?
– ¿Es factible?
– ¿Es urgente?
Intentaremos responder a estas preguntas, tan necesarias cuando se tiene la responsabilidad de gestionar recursos públicos.
¿ES BUENA?
Podemos plantear la cuestión de la “bondad” de esta ley haciéndonos dos preguntas: ¿A quién beneficia? y ¿Perjudica a alguien?
Beneficiará, cuando menos, al medio millar de mujeres que en este momento están siendo atendidas, a falta de recursos públicos, por las organizaciones asistenciales gallegas. Pero no solo a ellas: la ley hace especial hincapié en la difusión de las medidas de apoyo porque sabemos que, aunque existan, su conocimiento no están llegando a sus potenciales usuarias. En el año 2007, estaríamos hablando de un mínimo de 2.500 mujeres, si bien sabemos que hay muchas más.
Beneficiará, por lo menos, a todas las mujeres embarazadas en situación de conflicto. Decidan lo que decidan sobre su maternidad, estaremos más cerca de asegurar que tomaron su decisión con libertad, no por ausencia de opciones.
Beneficiará, por lo menos, a la sociedad en su conjunto. Porque una sociedad que amplía la libertad, que da oportunidades, es una sociedad más justa y solidaria. Una sociedad que protege la maternidad es una sociedad vital, que apuesta por el futuro. Y, por el contrario, algo falla en la sociedad cuando, ante la evidencia de este problema, de este dolor, se mira hacia otro lado y no se ofrecen soluciones.
Y, ¿a quién perjudica? A nadie. Nadie puede sentirse perjudicado por esta ley. No menoscaba libertades, no dilapida recursos, no privilegia a los poderosos. Se enfoca hacia los débiles, en la mejor tradición de las políticas progresistas que buscan aumentar las cotas de justicia social.
¿Es técnicamente buena? Todo se puede mejorar, y quién mejor que Uds., con su experiencia legislativa, para hacerlo. Estamos abiertos a toda sugerencia de mejora que deseen aportar, aun mas, rogamos su colaboración para esta ley sea la mejor posible.
¿ES NECESARIA?
Lo es.
Si no lo fuera, las organizaciones asistenciales no estaríamos recibiendo diariamente peticiones de ayuda que intentamos atender y que sabemos son una parte insignificante de las que realmente se necesitan.
Si no lo fuera, las mujeres gallegas no estarían llamando al teléfono de la Red de Madres de Madrid.
Si no lo fuera, otras Comunidades como Valencia, Canarias, Castilla-León y Madrid no estarían implantando leyes muy similares, y en algunos casos mucho más ambiciosas. Los ciudadanos gallegos no entenderíamos ser menos que ellos. No hablo de ponernos al nivel de los países europeos, con los más de 1.500 €/hijo.año de prestaciones familiares de Alemania, por ejemplo. Ya sólo hablo de no ser menos que los canarios o los castellanos-leoneses, tan cerca de nosotros.
Y, desgraciadamente, creemos que su necesidad se verá aumentada si persisten las actuales circunstancias económicas.
¿ES FACTIBLE?
Es buena, es necesaria, pero ¿es económicamente asumible? ¿No estaremos hablando de una hermosa ilusión, de algo fuera de nuestro alcance práctico?
Pues no, es una ley barata. Se necesita, por supuesto, complementar los recursos existentes, pero principalmente ofrecer más información sobre los que ya existen, más coordinación y colaboración en la difusión con los Ayuntamientos. Y, sobre todo, se necesita un enfoque específico sobre las necesidades concretas de las mujeres embarazadas.
Si Uds. se fijan, los artículos 1, 2 y 7 de la ley se refieren a la prestación de información, que se puede cubrir perfectamente desde los actuales CIM y centros sanitarios, simplemente implantando un protocolo específico para estas demandantes.
Los artículos 8 y 9 se refieren a la difusión pública de la existencia de ayudas. Diariamente presenciamos campañas para dar a conocer a los ciudadanos los recursos públicos puestos a su disposición: campañas para anunciar el teléfono de atención ciudadana de los ayuntamientos, el autobús nocturno para jóvenes, el teléfono de urgencias 112… ¿No se merecen una campaña similar las mujeres embarazadas? Más aún, ¿no se pueden integrar en las campañas de igualdad de género o de concienciación frente a la violencia doméstica? En este aspecto, los ayuntamientos están llamados a representar un papel preminente y asumir su parte de responsabilidad.
Y no sólo es barata, sino también eficaz. ONG´s que desde hace años se dedican a la labor de asistencia y apoyo a las mujeres embarazadas señalan que el 75% de las mujeres atendidas se acoge a la ayuda que se le ofrece y continúa con su embarazo. Resultados similares refleja la interesante experiencia puesta en marcha por la Comunidad de Madrid en los últimos años, dirigida especialmente a las mujeres jóvenes.
¿ES URGENTE?
La muerte es lo único cierto, luego la vida es lo único urgente. La vida no espera a mañana, a que pase esta crisis, a que tengamos tiempo. No podemos decir a las mujeres embarazadas: espera un poquito, retén a tu hijo cuatro o cinco meses más, no des a luz todavía… Se necesitan soluciones aquí y ahora, y los ciudadanos se las están exigiendo a Uds., sus legítimos representantes.
RESUMEN FINAL
Quisiera terminar mi intervención con un apunte.
Este apunte se refiere a la motivación profunda por la cual estamos aquí. Venimos a exigir justicia. Cuando protegemos a los débiles (niños, ancianos, mujeres maltratadas, trabajadores explotados, enfermos…) nos protegemos a nosotros mismos, porque podemos ser uno de ellos.
Consecuentemente, no somos altruistas desinteresados que defienden una causa ajena, sino que venimos a abogar por nuestra propia vida, y eso pasa por respetar el derecho a la vida de los demás, madres e hijos.
Señora Presidenta, Señorías, señoras y señores, muchas gracias por escuchar.
