El delegado del Foro de la Familia en Castilla y León, Fernando de Pablo, cuestionó «las prisas de las Cortes de Castilla y León por iniciar la tramitación de la Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y Género y de Políticas Públicas contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género de la comunidad sin el informe de los servicios jurídicos de la cámara, mientras se tramita la norma nacional y obviando el dictamen de los letrados del Congreso de los Diputados así como diversas sentencias de otras regiones».
«Los procuradores de las Cortes de Castilla y León no pueden obviar el informe de los letrados de la cámara baja, ni las sentencias relacionadas con normas de este tipo, que ponen en cuestión el encaje de varios artículos en el marco constitucional. Actuar a sabiendas de que se vulnera el ordenamiento jurídico vigente es prevaricación», advierte el delegado. Por ejemplo, la sentencia la sentencia 289/2018 del Tribunal Contencioso Administrativo número 10 de Madrid, que falló que la libertad de expresión, amparada en nuestra Carta Magna, está por encima de las sanciones que recoge la Ley LGTBI autonómica.
«Con la legislatura a punto de terminar, y con un futuro político cuando menos confuso, parece precipitado afrontar a la carrera una ley con estas implicaciones en los derechos y libertades de los ciudadanos, sin seguridad jurídica y cuyo objetivo final, la no discriminación, ya está tipificado en nuestro ordenamiento como delito, lo que convierte esta iniciativa en innecesaria«.
