Ante esta situación, sin desánimo, con empuje renovado y con la razón y la fuerza que nos da defender unos derechos que son de justicia, esta jornada realiza las siguientes conclusiones:
1. En España vive en familia el 98% de la población. Por ello pedimos que todas las políticas públicas incorporen la perspectiva de familia y que en cinco años España se homologue con la media de la Unión Europea en recursos públicos dedicados a políticas familiares pasando del 0,4% del PIB actual al 2,5 que dedican los países de nuestro entorno europeo.
2. Pedimos la creación y dotación presupuestaria de una prestación universal por hijo a cargo con una cuantía no inferior a 125 Euros/mes que se actualizará anualmente y de la que sean beneficiarias todas las mujeres que sean madres, sea cual sea su situación laboral y mientras los hijos sean menores de edad o hasta que cumplan los 25 años si previamente no tienen un trabajo retribuido o están estudiando. Las mujeres tendrán derecho a percibir esta ayuda a partir del cuarto mes de embarazo.
Esta prestación será acumulable a cualquier otra prestación de la Seguridad Social a que la familia o sus miembros tengan derecho.
3. Incentivar en el marco de la negociación colectiva que los agentes sociales acuerden:
a) Horarios Flexibles acordes a las necesidades de los trabajadores con hijos pequeños.
b) Fórmulas de trabajo en red desde el propio hogar.
c) Períodos de jornadas de trabajo a tiempo parcial para facilitar el cuidado de los hijos pequeños.
d) Creación de guarderías en las empresas.
4. Promover bonificaciones fiscales a favor de las familias en los tributos que gravan la adquisición de la vivienda familiar.
5. Así mismo, establecer bonificaciones para las familias en todo tipo de tarifas o tasas fijadas por la administración que afecten a gastos de las familias, como pueden ser las tasas escolares, universitarias, suministros básicos como agua, luz o gas, transportes, acceso a bienes culturales, etc.
6. Introducir en todos los pliegos de contratación de las entidades a las que se aplica la ley de contratos de las administraciones públicas criterios de puntuación positiva a las empresas que acrediten políticas familiares y de conciliación progresivas debidamente certificadas por entidades independientes, como es el caso del certificado de Empresa Familiarmente Responsable emitido por la Fundación + Familia.
7. Crear una red de apoyo a la mujer embarazada, que incluya el derecho a la percepción de un salario social siempre que resulte necesario para ayudarla en la viabilidad de su embarazo, con prestación económica no inferior a 200 Euros / mes. Asimismo se regulará el derecho de la mujer embarazada a ser informada en todo tipo de centros asistenciales y sanitarios de la existencia de esa Red y de las ayudas y apoyos que se le pueden ofrecer. Las autoridades públicas deben crear estructuras y entidades sociales que ofrezcan alternativas reales al aborto para mujeres con problemas derivados de su embarazo.
8. Impulsar medidas preventivas para ayudar a superar las crisis familiares (según las recomendaciones del Consejo de Europa), con la elaboración de un Proyecto “serio” de Prevención y Mediación Familiar y el Fortalecimiento y promoción de los Centros de Orientación Familiar, tanto públicos como privados.
9. Pedimos políticas que favorezcan la creación de centros de enseñanza concertados por la iniciativa social. En este curso miles de familias en la CV que solicitaron este tipo de centros se quedaron sin poder acceder a ellos.
10. Del mismo modo, solicitamos que, al igual que en otras Comunidades Autónomas, se fomente la creación de plazas escolares de cero a tres años sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
11. Al Gobierno Valenciano pedimos que haga visible la prioridad por la familia con la creación de una Consellería de la Familia.
